El Proyecto de Ley de Estadística presentado por el Gobierno regional prevé sanciones de hasta 30.000 euros (5 millones de pesetas) para aquellos que suministren datos falsos en las encuestas estadísticas o para los que difundan datos considerados secretos. Además, esta norma, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y ha recibido 16 enmiendas de PP e IU, deja claro que todas las personas físicas y jurídicas que residan o realicen actividades en la comunidad tendrán la obligación de suministrar la información que se les requiera, que si es personal estará amparada por el Secreto Estadístico.
Las sanciones previstas en la Ley de Estadística de Extremadura distinguen entre las personas obligadas a colaborar --que son todas las que viven o trabajan en la región-- y las que realizan los trabajos estadísticos.
Las faltas leves podrán ser multadas con hasta 600 euros, las graves con hasta 3.000 euros y las muy graves con hasta 30.000 euros. En el caso de los particulares y las personas físicas, se considera falta muy grave "el suministro de datos falsos". Los que trabajan para la Administración sufrirán estas multas cuando difundan datos amparados por el secreto estadístico, la utilización de los datos con otros fines y la exigencia como obligatoria de información voluntaria.
Asimismo, el proyecto establece que tendrán la obligación de suministrar información "todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan residencia, domicilio o ejerzan alguna actividad en Extremadura". Esta obligación podrá extenderse a actividades que se desarrollen fuera de la comunidad si la Administración lo cree necesario.
La futura norma también crea la figura del Secreto Estadístico, que protegerá los datos individualizados de orden privado, personal, económico o financiero.
