«Es el momento de convertir la dignidad en derecho». «No se cierran heridas sin verdad, justicia y reparación». «La historia no se construye a partir de 1978, eso es presente». «Ninguna víctima es excluida en esta ley». Son palabras de la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, durante su intervención ayer en el Pleno de la Asamblea del debate sobre el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que seguirá su debate parlamentario en la comisión correspondiente tras ser rechazada con los votos de PSOE y Podemos una enmienda de totalidad del PP. La normativa tiene seis meses para su entrada en vigor una vez que sea aprobada, por lo que podría estar vigente justo antes de que finalice la legislatura. Desde las filas del PP, la diputada Inés Rubio, recalcó que «es una ley que carece de sentido común», porque «una cosa es el olvido y otra tratar de reescribir la historia con fines partidistas». Mientras que Podemos calificó el de ayer como «un día histórico» porque con esta normativa «florecerá la memoria, la justicia y la reparación en Extremadura».

La consejera reiteró algunos aspectos de la ley ya conocidos, como la elaboración de un mapa de fosas, la creación de una plan extremeño para la memoria histórica, la inclusión de sanciones para aquellas administraciones públicas que no retiren los símbolos del franquismo y a las que se les retirará cualquier subvención pública si no lo hacen, la posibilidad de exhumación de restos por parte de la Junta o de asociaciones memorialistas, la aplicación de la ocupación temporal de terrenos para abrir fosas, y la concesión de indemnizaciones para expresos, represaliados políticos y personas obligadas a realizar trabajos forzosos durante la dictadura franquista.

Sin embargo, los populares extremeños insistieron en que el proyecto de ley presentado por los socialistas pretende «utilizar el pasado como un arma política y cuestionar la Transición española», además de «buscar la confrontación». La diputada Inés Rubio recalcó que su partido quiere «restañar las heridas de todas las víctimas, de uno y otro bando», pero el texto presentado quiere «imponer la reparación de determinadas víctimas» . A su juicio, es una ley «injusta, sesgada y totalitaria, porque no aporta nada», cuando «nosotros apostamos por una ley de la concordia y no podemos permitir que se escriba una historia que no se ajusta a la realidad». Los socialistas, insisitó, «viven obsesionados con el pasado, les preocupa más lo que pasó hace ochenta años que lo que pasará mañana».

La enmienda de totalidad del PP fue rechazada por PSOE y Podemos. Eugenio Romero, diputado de la formación morada, criticó esa medida de los populares, pero abogó por mejorar el proyecto de ley presentado, sobre todo en aspectos como el robo de bebés durante el franquismo, medidas hacia el colectivo LGTB, más infracciones, mejores indennizaciones para los represaliados o que se investigue «el patrimonio de los franquistas».

MORALES ABANDONA EL PLENO // Durante el debate, el diputado no adscrito a la Asamblea, Juan Antonio Morales, y que también formuló una enmienda de totalidad a la ley que no fue admitida a trámite para su debate, pidió la palabra varias veces por alusiones y ante la negativa de la presidenta de la Cámara se marchó del hemiciclo gritando «no existe democracia» en el Parlamento extremeño.

Al margen de esta normativa, también salieron adelante para seguir con su tramitación parlamentaria, la propuesta de Ley de Contratación Pública, la relativa a la Ley de Conciertos, así como la del Tercer Sector Social.