El debate de totalidad del proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, que actualiza algunos preceptos de la ley de la convivencia y el ocio del año 2003, centrará la sesión plenaria que se celebrará mañana en la Asamblea de Extremadura. Al no haberse presentado enmienda a la totalidad al proyecto de ley, el grupo parlamentario socialista presupone «un alto nivel de consenso» por parte de los grupos, aunque sí hay enmiendas parciales que se debatirán durante la tramitación parlamentaria.

«El hecho de que no haya habido enmienda de totalidad supone que hay un alto nivel de coincidencia de los grupos parlamentarios», manifestó ayer el portavoz del grupo parlamentario socialista, Valentín García, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. «El Gobierno de Guillermo Fernández Vara se comprometió a modificar la legislación para aumentar la prevención sobre el consumo de alcohol en menores sabiendo que es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestra infancia y juventud», destacó el portavoz socialista.

García explicó que el nuevo proyecto de ley aborda la prevención en el ámbito familiar, educativo, comunitario, y que se centra fundamentalmente en la prevención. La ley de prevención también se dirige a los ayuntamientos, al ser considerados «una de las administraciones que más cerca están de estos problemas y de las soluciones a estos problemas». Por ello en el ámbito local, apuntó el portavoz, será donde las medidas de prevención y las medidas alternativas al consumo «puedan ser mucho más efectivas». Por último, la ley también introduce una adecuación de las medidas sancionadoras. «Lleva en el seno de las medidas sancionadoras la idea de la reeducación de los menores», subrayó García.

Según recoge el proyecto de ley, se prohíbe el suministro, gratuito o no, de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como su consumo por parte de estos y se regula el consumo de alcohol en las vías y zonas públicas. Además, se tipifican las infracciones en leves, graves y muy graves. Las sanciones muy graves serán sancionadas con una multa desde 30.001 hasta 600.000 euros y/o cierre, total o parcial, del establecimiento por hasta cinco años.