Ya está publicado oficialmente el texto definitivo. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura entrará en vigor a finales del próximo mes de junio. A partir de ese momento los municipios tendrán un año de plazo para «tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y de la represión de la Dictadura», según reza el texto que recogía ayer el DOE. «Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas (durante hasta cinco años)», continúa la normativa.

Además, exhibir símbolos franquistas acarreará multas de hasta 20.000 euros. Las sanciones económicas más graves llegarán a los 150.000 euros. Un ejemplo: edificar sin autorización en un terreno donde se tenga certeza de que hay una fosa común de personas desaparecidas durante la represión.

NUEVO INSTITUTO / Todos los objetos que se retiren serán trasladados a un lugar de nueva creación, el Instituto de la Memoria Histórica, donde además se pondrá a disposición de los visitantes la información recopilada que durante décadas ha permanecido oculta.

Asimismo, la normativa también llegará a los colegios e institutos de la región, puesto que en el artículo 50 se recoge que la Consejería de Educación revisará los textos escolares con el objetivo de que «ofrezcan una información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Extremadura durante la Guerra Civil y el franquismo».

La creación de un censo de víctimas y de un mapa de fosas; el derecho a la localización, identificación y sepultura digna de las personas desaparecidas; e indemnizaciones para víctimas de la represión franquista serán otras de las medidas que entrarán en vigor a partir de este verano.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura se aprobó el pasado mes de diciembre con los votos a favor de PSOE y Podemos; en contra de PP y el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales (ahora de Vox), y la abstención de Ciudadanos.