La inversión de cerca de 3.000 millones de euros y los casi 5.000 empleos directos ligados a las nuevas plantas termosolares que se están construyendo en Extremadura están en riesgo. La aprobación, el miércoles en el Senado, de una enmienda a la Ley de Sociedades Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario (Socimi) puede dar al traste y paralizar parte de las 11 instalaciones que se están ejecutando en la región y otras que ya están proyectadas. También puede retrasar algunos parques eólicos.

Esta iniciativa parlamentaria, que aún debe ser ratificada por el Congreso, puede suponer el tercer cambio en la normativa nacional sobre energías renovables en apenas dos años, y el segundo en los últimos cinco meses. Esto ha generado una incertidumbre y un cambio de las reglas del juego que amenaza los planes de los promotores y los de la administración regional.

Concretamente la enmienda, impulsada por CiU y apoyada por todo los grupos, supone la derogación del registro de instalaciones termosolares y eólicas. Este censo fue creado --mediante el Real Decreto 6/2009-- en mayo para tratar de regular un sector donde los proyectos no paraban de crecer y donde ya se comenzaba a hablar de especulación. Así, el Gobierno concedió un mes de plazo a los promotores de las instalaciones en construcción para presentar toda la documentación legal. Las que no cumplieran los requisitos se quedarían fuera del proceso y tendrían que esperar a futuras convocatorias, con el inconveniente añadido --entre otros muchos-- de que la prima que recibirán por la producción de energía renovable será inferior a la que se concede actualmente. Es decir, económicamente saldrían peor paradas y la inversión podría ya no resultar tan atractiva.

CIEN PLANTAS EN TODO EL PAIS

Según los datos que maneja la Asociación Española para la Promoción de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), en la que se integran las empresas de este sector, el Gobierno ha recibido solicitudes de cerca de un centenar de proyectos para inscribirse en el registro --más de una treintena de ellos de plantas proyectadas en Extremadura--. Sin embargo, el Ministerio de Industria, tras más de cuatro meses de trabajo, todavía no había resuelto cuáles cumplen las exigencias, alimentando así las dudas sobre las que iban a poder entrar en el mercado eléctrico. En este sentido, desde Protermosolar aseguran que en torno al 70% eran proyectos de garantías y que un 30% de las iniciativas quedarían fuera.

Pero lo ocurrido el miércoles en el Senado supone un golpe para el sector. Si la enmienda de CiU se aprueba el próximo jueves en el Congreso, el registro quedará derogado y el sector volverá a regirse por la normativa previa al decreto 6/2009. Es decir, volverá a establecerse el cupo máximo de 500 megavatios (MW) de potencia instalada de termosolar para todo el territorio nacional, cuando ya hay 1.500 en construcción. O lo que es lo mismo, apenas se permitirá operar a una decena de plantas (dado que tienen una potencia media de 50 MW cada una), teniendo además en cuenta que ya existen cinco en funcionamiento (aunque dos de ellas no llegan a los 20 MW). Por tanto la inmensa

Pasa a la página siguiente