Liberbank, la entidad en la que se ha integrado Caja Extremadura, cerró ayer el plazo para el canje voluntario de productos híbridos (deuda subordinada y participaciones preferentes). En este último día, tanto la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) como Adicae continuaron denunciando las presiones e irregularidades en las que, a su juicio, ha incurrido la entidad durante todo este proceso con muchos de los ahorradores afectados.

Entre otros aspectos, criticaron las trabas puestas a la hora de recoger los escritos de reclamación que han querido presentar los clientes; el que no se les permitiera sacar de las oficinas los documentos que iban a firmar; o incluso que se les pidiese suscribir "bajo su propia responsabilidad" que aceptaban el canje a pesar de que los test MIFID --los que debe hacer una entidad financiera con carácter previo a la contratación por parte del cliente de un producto para determinar si este comprende la naturaleza y riesgos que conlleva-- aconsejaran lo contrario.

Desde Liberbank no se realizó ayer ninguna valoración sobre cómo ha transcurrido el proceso de canje. Si el grado de aceptación no alcanza el 90%, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría imponer uno de carácter obligatorio. Carlos Arjona, miembro de la junta directiva de Adicae, apuntó ayer que, por la información recibida en su organización --ayer tuvo lugar en Cáceres un comité de afectados-- "hay muchísima gente que no ha firmado. Algunos porque no se lo creen todavía y otros porque están muy enfadados con la entidad y dicen que ya no firman nada más". Arjona lamentó que la práctica de Liberbank haya vuelto a estar marcada por las "irregularidades", y ponía como ejemplo de ello que los empleados tuviesen "instrucciones muy precisas de no dejarles (a los clientes) sacar los documentos de la oficina, solo el folleto)", lo que impedía cualquier posibilidad de asesoramiento.

LAS QUEJAS, POR BUROFAX También desde UCE Extremadura se criticó el que Liberbank se haya negado a recoger "ningún documento", como aquellos en los que los afectados se reservaban entablar acciones judiciales a pesar de dar su visto bueno al canje "por miedo al FROB o por las presiones de la entidad". "Decían que había que enviarlo por burofax al servicio de atención al cliente", resaltó una portavoz de esta organización, que censuró también que a los clientes se les conminase a firmar la aceptación del cambio a pesar de que el test MIFID recomendase lo opuesto, algo que, aseguró, ha sucedido "en el 98% de los casos".

Desde UCE se exige que el Gobierno abra, "como hizo con Bankia, la vía arbitral, sería lo lógico. Muchos de los afectados no pueden permitirse poner en marcha acciones judiciales, por su elevada edad y porque muchos tienen, precisamente, los ahorros de toda su vida atrapados ahí y no tienen recursos", se argumentó.

Esto es algo que también se pide desde Adicae, donde se incide en que "el arbitraje tiene que ser universal, no como el de Bankia, que se ha limitado mucho. Esto es más necesario aun en el caso de Caja Extremadura, donde es masiva la proporción de los que no tenían ni idea de lo que estaban adquiriendo". Si el FROB acaba mediando, avisa Arjona, "la quita puede ser terrible, en algunas emisiones hasta del 90% de la cantidad invertida".