El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha citado a declarar como imputados a dos ex directores generales de la Junta de Extremadura por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la ampliación de una cantera de áridos.
Se trata de los ex directores generales de Ordenación Industrial y Política Energética, José Luis Andrade, y de Calidad Medioambiental, María Ángeles Pérez, del último Gobierno autonómico socialista.
Según ha informado el bufete Casavegas Abogados en un comunicado, con la citación judicial adjunta, también tendrán que declarar como imputados la jefa de Sección de Minas de la Junta de Extremadura, María Antonia Valero, y el director facultativo de la cantera -ubicada en el término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres)-, José Manuel González, marido de la anterior.
En el proceso judicial se encuentran también imputados los representantes legales de la empresa minera CG Minería S.L, titular de la explotación.
El penúltimo Consejo de Gobierno antes de las últimas elecciones autonómicas, presidido por el entonces presidente regional, Guillermo Fernández Vara, aprobó un decreto de urgente ocupación de los terrenos anexos a la explotación "Villaluengo I" con el fin de que la cantera fuera ampliada.
Según el bufete de abogados, el proyecto de ampliación no contaba con el preceptivo informe de impacto ambiental y pese a los vínculos familiares denunciados que, según los reclamantes, han viciado todo el procedimiento.
El proceso partió de una denuncia penal formulada en marzo por los propietarios del terreno anexo a la cantera, que consideraban incompatible el vínculo familiar existente entre la jefa de Sección de Minas y el director facultativo de la cantera.
Una segunda denuncia presentada en el juzgado emeritense, según las mismas fuentes, pedía que se investigase la responsabilidad penal por aprobar la expropiación forzosa sin informe de impacto ambiental ni de la Consejería de Cultura, puesto que en la zona había yacimientos arqueológicos que no habían sido tenidos en cuenta.
La ampliación de la cantera fue paralizada en agosto, ya con el nuevo Gobierno autonómico, tras denunciar la asociación ecologista Adenex y un grupo de arqueólogos el daño que se podría causar a yacimientos arqueológicos catalogados en la Carta Arqueológica de Extremadura.
En un comunicado, el Grupo Parlamentario Socialista ha considerado que el expediente se hizo conforme a la ley y con todos los informes preceptivos necesarios, y ha asegurado que los directores generales no tenían ninguna vinculación con la empresa.
