Cada 8 de septiembre, por el Día de Extremadura, vuelve a salir a la calle una reivindicación que siempre ha estado ahí. De hecho, lleva casi 800 años en el ambiente. La pertenencia de Guadalupe y otros 30 municipios extremeños a la provincia eclesiástica de Toledo, en lugar de a alguna de las tres diócesis extremeñas, es una disputa histórica en la región. El problema comenzó a surgir en el año 1222, explica Antonio Guerra Caballero, un extremeño afincado en Málaga y estudioso del 'conflicto' que ha escrito numerosos artículos sobre la extremeñidad de Guadalupe.

"Empezó cuando el Arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada compró los llamados Montes de Toledo, en los que están comprendidos Guadalupe y los 30 pueblos extremeños que hoy pertenecen a la archidiócesis toledana", explica Guerra. En realidad, prosigue, fue una compraventa, según una carta fechada en 1926, que reseña que costó 8.000 morabetinos y 1.000 cahíces de trigo y cebada. "Con esta compraventa el arzobispo al mismo tiempo que repoblaba territorio fronterizo con los árabes, iba consolidando su poder en la comarca".

Así, la Iglesia de Toledo se adueñaba de tierras y la jurisdicción eclesiástica sobre los territorios extremeños, que aún hoy sigue conservando pese al intento del obispo placentino Sancho y a que existen varios concordatos e incluso en el Concilio Vaticano II (1962) que ordenan que la jurisdicción eclesiástica de las archidiócesis y diócesis se adecue a la jurisdicción civil de sus respectivas regiones y provincias. "A fin de evitar en lo posible que las diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias, las Altas Partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las circunscripciones diocesanas", recoge un artículo del Concordato de 1953, aún vigente y por el que se segregaron de Toledo otras diócesis españolas (Madrid-Alcalá, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara o Córdoba) y las nuevas diócesis se adscribieron ya a los territorios de sus respectivas regiones civiles. El extremeño señala también una bula de Pío IX, de 1873, que mandó agregar los territorios de las Ordenes Militares a las diócesis en las que están enclavados, o a la más cercana si colindasen dos o más diócesis. "Así pues, se ve claramente que la Iglesia incumple sus propias normas con Extremadura", lamenta Guerra Caballero.

Tras la reclamación del obispo Sancho en 1349, el litigio vuelve a adquirir voz en 1878, después de la desamortización de Mendizábal, cuando el escritor y diputado en las Cortes Vicente Barrantes visitó por primera vez Guadalupe y se encontró un panorama desolador. "Ahí comenzó su protesta con un grupo de extremeños escandalizados por el estado del monasterio. Todo el pueblo extremeño comenzó a tomar conciencia del expolio que estaba sufriendo entonces y ese momento sería el principio de la resurrección de Guadalupe a todos los niveles", explica Antonio Guerra. En aquellos años se inició la campaña Pro Restauración del Monasterio, "el primer aldabonazo que llamó a la conciencia de los extremeños".

Fruto de esas acciones reivindicativas el templo fue declarado Monumento Nacional Histórico Artístico. Guerra señala una masiva peregrinación hasta Guadalupe que fue desautorizada por el Arzobispo de Toledo entonces, Antolín Monescillo, que no decayó finalmente por el apoyo de los obispos extremeños. Hasta 10.000 peregrinos se reunieron en La Puebla en 1906, cuando surgió la idea de solicitar a Roma la declaración canónica de la Virgen de Guadalupe como patrona de Extremadura, hecho que se produjo en 1907 por Pío X. Pero además, aquella campaña reivindicativa también logró que la Orden Franciscana se instalara en el despojado monasterio en 1908, aunque una de las condiciones para ello fue aceptar que la parroquia guadalupense continuara sujeta a la jurisdicción de Toledo.

Las diócesis extremeñas

Tras la recuperación del monasterio, el rey Alfonso XIII retomó las tradicionales visitas al santuario extremeño que se cortaron en el reinado de Felipe III, en el siglo XVII. Otro de los hitos de los franciscanos, fue lograr en 1928 la coronación canónica de Santa María de Guadalupe como Reinas de las Españas y su posterior declaración como Monumento Nacional Histórico Artístico, recuerda Guerra, entre otras iniciativas.

Sin embargo, ninguno de estos avances logró desatascar la histórica "injusticia", que ya venía sufriendo Extremadura en otros capítulos de su historia, relata. ¿Por qué no son más contundentes las diócesis extremeñas para exigir el cambio? "Lo más probable es que los obispos extremeños nada tengan que ver en esa discriminación o peor trato recibido respecto de otras diócesis no extremeñas. Es obvio que si después de 793 años de surgir el litigio aún no se ha resuelto es que algo debe haberse gestionado fatal. A mi modesto juicio, se perdió la gran oportunidad en 1994, cuando el Arzobispo Montero gestionó muy bien y de forma impagable la restitución de la antigua sede metropolitana de Mérida (otra de las injusticias de la región), pero quedó por resolver el problema de Guadalupe y los 30 pueblos, probablemente por la férrea oposición de Toledo. Y es un anacronismo que una vez que se creó la Autonomía de Extremadura no se lograra la unidad eclesiástica de la región", argumenta el estudioso, que recuerda la petición del pueblo extremeño, incluída de sus instituciones.

"Lo viven y lo sienten hasta los extremeños de fuera que acuden a Toledo a pedirlo convencidos de que es un derecho de justicia porque Guadalupe, además de ser un símbolo espiritual para los extremeños, es también el signo que más identifica nuestra razón de ser extremeños. Es una tremenda injusticia que eso siga sucediendo así", lamenta.

Ultima protesta en Toledo

La última reivindicación visible tuvo lugar el pasado fin de semana en Toledo, donde se reunieron decenas de manifestantes exigiendo el cambio de diócesis. Como respuesta, el actual arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, tachó de "un poco nacionalista" la reivindicación y carente de sentido. "Creo que de lo único que no podemos presumir los extremeños es de ser nacionalistas. De lo contrario, seguro que no llevaríamos tantos cientos de años soportando injusticias como las de haber estado 875 años esperando pacientemente que se nos devolviera el Arzobispado de Mérida, o los 793 años que llevamos esperando que Guadalupe y los 30 pueblos se adscriban a Extremadura. Dicho de otra forma, es más que seguro que si en lugar de tratarse de Guadalupe se hubiera tratado del Monasterio de Monserrat en Cataluña o de la Basílica de Loyola del País Vasco, ellos ya lo habrían conseguido", espeta Antonio Guerra.

¿Y por qué esa resistencia al cambio? ¿Qué intereses hay detrás? "No creo que esos 31 pueblos supongan una considerable recaudación para el Arzobispado de Toledo. Más bien podría tratarse de aferrarse a reminiscencias del viejo poder de un Arzobispado Primado de España que tantas diócesis sufragáneas y territorios tuvo en el pasado, aunque es Guadalupe y los 30 pueblos extremeños el único territorio eclesiástico ajeno al toledano que le queda como reliquia de aquel pasado tan esplendoroso".

El litigio, 793 años después, sigue estando en manos de la Santa Sede, la única institución que puede resolverlo, "si es cierto que antes se le hubiera propuesto de forma razonada y objetiva, porque ya me resisto a creer que si el asunto estuviera en Roma ya estaría resuelto". El asunto, además de apelar "a la dignidad religiosa" conlleva trastornos a los vecinos de estos municipios extremeños y toledanos en la gestión de los trámites de la Iglesia. Guerra, en consonancia con otros extremeños y colectivos como Guadalupex, que luchan por la extremeñidad de estos 31 municipios, aún confía en lograr el final feliz. "Sería ilusionante y se conseguirá siempre que los extremeños nos mantengamos unidos como una piña y perseveremos con empeño por tan justa causa".