Tener una sola voz ante las administraciones estatal y autonómica y promover un desarrollo ordenado de la industria y el mercado fotovoltaico español. Son los dos principales objetivos que marcan el nacimiento de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que agrupa a los máximos representantes de las cuatro asociaciones fotovoltaicas de ámbito estatal: la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación Nacional de Productores de Energía Renovable (ANPER), la Sección Fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APPA-Fotovoltaica) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF). Su coordinador general, Lluís Calatayud, estuvo en Extremadura recientemente para presentar UNEF a sus 150 asociados en la región. De momento es federación de asociaciones, pero en el plazo de un año la idea es que se convierta en una única asociación.

--Dicen que su objetivo es tener una única voz ante la Administración, ¿han echado de menos esta mayor unidad a la hora de oponerse a los cambios normativos que ha sufrido su sector?

--Evidentemente. Hemos detectado que una de las posibles causas del recorte salvaje de la ley Sebastián del 2010 fue el tener tres portavoces en aquel momento (ANPER estaba todavía creándose). Aunque todos teníamos el mismo mensaje, había matices, y eso provocó que al final la Administración se quedase con esos matices, en lugar de con el mensaje importante.

--¿Por qué se ve ahora a la fotovoltaica como la 'mala de la película' en esto de las renovables?

--Por intereses creados del señor Galán (Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola) y de Unesa (la patronal eléctrica).

--¿No cree entonces que ha habido una burbuja fotovoltaica, un cierto desmadre en el sector?

--No, aquí si ha habido algún desmán, fue regulatorio y de gestión de la Administración, con un ministro de Industria que no supo hacer las cosas como se tenían que hacer. La gente ha seguido el Boletín Oficial del Estado y en función de eso ha proyectado, ha invertido y ha construido.

--¿Los cambios normativos ponen en peligro de viabilidad de las plantas que ya están funcionando o es solo cuestión de obtener una mayor o menor rentabilidad?

--En estos momentos, si a cualquier proyecto le sometes a un recorte del 30% anual durante tres años y de un 5% a un 20% de por vida, te cargas su rentabilidad. No hay ningún proyecto (fotovoltaico) con un 30% de beneficios.

--En cualquier caso, aunque el error de planificación fuese del ministerio, ¿no cree que había que arreglarlo de alguna forma?

--Es que lo que hizo el ministro con el Real Decreto 14/2010 es decir "necesito 740 millones de euros y, como no los tengo, se los quito a la fotovoltaica, porque Iberdrola y Endesa me los están reclamando". Este dinero no ha sido para bajar la luz, ni para recortar el déficit tarifario, que ha sido una gran mentira, sino para dárselo a Iberdrola y Endesa.

--¿Cómo cree entonces que debería haberse racionalizado la situación del sector?

--Desde UNEF queremos sentarnos a hablar con el Gobierno, con los consumidores y con los generadores de electricidad, de los que nosotros formamos parte. Reivindicamos una silla en esa mesa de diálogo. Estudiando los costes reales de cada una de las tecnologías, hay que aplicar la fórmula real de costes y que no sean cuatro empresas en España las que digan al Gobierno qué hay que hacer y qué no o dónde hay que gastar.

--¿Por qué considera que el déficit tarifario es una "gran mentira"?

--Porque está basado en cuentas falsas. No es posible que haya déficit tarifario y que al mismo tiempo las empresas que lo reclaman estén repartiendo grandes dividendos. Es falso. Lo que hay son ganas de repartir muchos dividendos a costa de pedirle más dinero al Estado. Entendemos que el nuevo Gobierno va a trabajar para corregir este error.

--¿Se les ha transmitido desde el PP su intención de cambiar la normativa ahora que llegan al Gobierno?

--Nuestra propuesta para el nuevo Gobierno es colaborar con ellos con el fin de exprimir todas las posibilidades de la energía fotovoltaica como creadora de riqueza y puestos de trabajo.

--¿Pero se han mostrado abiertos a modificar el decreto?

--Tres gobiernos autonómicos del PP, los de Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia, han presentado tres recursos de inconstitucionalidad para este decreto. Entendemos que si esos tres gobiernos han analizado el tema y creen que es inconstitucional la medida, lo más fácil sería convertirla en constitucional. Pensamos que hay que aportar soluciones y estamos dispuestos a hablar con el nuevo Gobierno con el fin de ayudar a solventar este problema. Lo que se nos transmitió antes de la campaña electoral es que estudiarían los costes y que establecerían que cada cual cargue con ellos y no más. Que haya un estudio real de los costes por tecnología y que se parta de estos costes reales, no de los inventados ni sugeridos ni imaginados. Hay que buscar la fórmula para que estos proyectos que se han convertido en inviables vuelvan a ser viables.

--¿Qué le parece el Plan de Energías Renovables (PER) aprobado recientemente por el anterior Gobierno?

--Pues como todo lo que ha tocado el ministro Sebastián, es muy mejorable. Entendemos que se ha hecho muy mal, como toda la gestión del peor ministro de Industria de la historia.