Impagos y una financiación insuficiente están poniendo contra las cuerdas al movimiento asociativo que atiende a las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad en la región, que son más de 122.000. Los centros donde estos extremeños reciben la atención que precisan diariamente, y especialmente los que dan trabajo a una gran mayoría de ellos, tardan meses en cobrar las subvenciones de la Administración regional con las que pagan a los trabajadores y hacen frente a los gastos que residencias y centros de día generan. Tanto es así, que si no se toman medidas de urgencia, los centros especiales de empleo están abocados al cierre, porque están generando un déficit y "peligra su supervivencia".

Además de la demora en los pagos de las subvenciones, estos centros se encuentra con otro lastre más, y es que su cliente principal suele ser la Administración regional y "su trabajo no se paga en tiempo y forma". Esta situación, especialmente grave en estos centros, se repite en el conjunto del mundo asociativo extremeño y está llevando al límite a las entidades que se encargan de dar cobertura a la discapacidad hasta el punto de que hay colectivos que están acudiendo a préstamos bancarios para poder hacer frente a los gastos. "Y es que la Administración sigue pagando tarde y mal".

Así lo expuso ayer el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Extremadura, Luis María González, ante el presidente de la Junta, José Antonio Monago, y la consejera de Salud, Jerónima Sayagués, en una reunión que mantuvieron los responsables de las nueve entidades miembros del Cermi --Down Extremadura, Cocemfe, Aspace, Feaps, Fedapas, Once, Rexas, Feafes y Apnaba-- con el Gobierno regional.

El motivo de este encuentro es buscar la solución a los problemas que sufre el mundo de la discapacidad, motivados por una deficiente financiación, como está ocurriendo en el resto de comunidades. Pero aquí la situación "no difiere de escenarios anteriores porque los retrasos en el cobro de ayudas y subvenciones suelen ser habituales", como lo son que "tengamos que hacer encajes de bolillo para pagar las nóminas y seguir manteniendo los servicios", señala González. Pese a ello, la crisis está acentuando más los problemas en determinados colectivos, como el de los centros de empleo, que están "ahogados", y alguna otra entidad como la que atiende a enfermos y familiares con autismo. "Este colectivo es más dependiente y ahí hay una necesidad peritoria", dice el presidente del Cermi.

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD

Ante esta situación, González se mostró optimista tras dos horas de reunión con el presidente y la consejera. En esta, Monago se comprometió a alcanzar un pacto para crear un modelo de atención a la discapacidad sostenible, "porque con el actual no podemos seguir", en el que se incluye establecer un marco de financiación estable para los recursos asistenciales que necesitan los 122.000 extremeños que tienen alguna discapacidad, así como el compromiso de pagar lo que realmente cuestan los servicios y no una parte.

"La ley que regula las prestaciones actuales no contemplan el incremento del coste de la vida, las subidas salariales de los empleados, ni de la luz o el agua, y con el actual sistema estamos abocadas a generar déficit". Y así lo recoge un documento de seis páginas que el Cermi ha entregado al presidente.

"Hay que recordar, que después de la Junta, la discapacidad, por sus necesidades, es el colectivo que más puestos de trabajo genera tanto directa como indirectamente y por ello también somos motor para el desarrollo de la economía regional", apunta González, que además reconoce que los servicios que prestan altruistamente las entidades deberían prestarlos el Gobierno.

Además de un nuevo modelo de financiación que de estabilidad a estas entidades y a los servicios que prestan, Luis María González exige al Gobierno medidas de urgencia para paliar la situación de las entidades cuya supervivencia está en peligro ahora mismo, como son los centros de empleo, para los que pide que se paguen las ayudas cuanto antes y que sean los primeros en la listas de proveedores de la Junta. Mientras llega esta solución, centros especiales de empleo como el de la Asociación de Enfermos Mentales para la Integración de Badajoz, dedicado a la impresión de artes gráficas y que ha sufrido retrasos en los pagos hasta de nueve meses, tiene que pagar a sus trabajadores más tarde de la cuenta y ampliar el horario laboral por la tarde. "Tenemos que trabajar más para llegar a final de mes. Estamos saliendo adelanta a base de mucho esfuerzo para no tener que cerrar".

Además de llegar a un pacto económico sostenible, garantizar la financiación y dar celeridad a las ayudas, Monago se compromete a reservar el 10% de las plazas de empleo público para las personas con discapacidad y a crear puestos en centros especiales.