El exdirigente agrario Luis Cortés volverá el próximo día 28 a juicio y a enfrentarse a una condena de prisión. Tras el primer juicio que por el caso conocido como ´fraude del higo seco´ --defraudó subvenciones europeas para la producción y almacenaje de higos secos-- se celebró hace un año contra él en la Audiencia Provincial de Cáceres, que le impuso una condena de 3 años de prisión que le llevó al Centro Penitenciario de Cáceres, ahora será el Juzgado de lo Penal de Cáceres el que le juzgue por un delito de estafa y un delito continuado de falsedad documental.

Este delito lo habría cometido Cortés en diciembre del 2003, en este caso en su calidad, en aquellas fechas, de presidente de la Sociedad Cooperativa ´Iniciativa Rural´. A través de esta sociedad, según recoge el fiscal en su escrito de calificación de los hechos, Luis Cortés se habría quedado con casi 51.500 euros de una subvención que le concedió el entonces INEM para la realización de cursos de formación para desempleados agrarios que no llegó a realizar. Para solicitar las ayudas habría falsificado documentación pública.

Por estos hechos, el fiscal pide para él 2 años y 9 meses de prisión y una multa de 4.000 euros; mientras que la acusación particular, que ejerce Higos de Badajoz Sociedad Cooperativa --antes Sociedad Cooperativa Iniciativa Rural--, solicita 3 años de prisión y 36.500 euros de multa.

OTRAS CAUSAS Además de estas dos causas, Cortés tiene otras dos pendientes. En el Juzgado de Jerez de los Caballeros se concluyó hace algo más de un año el proceso derivado de la denuncia de al menos 250 agricultores a los que habría estafado con las ayudas al sector del higo seco. Por estos hechos el exdirigente agrario, junto a otros 14 imputados, será juzgado en la Audiencia de Badajoz --aún no hay fecha-- de delitos de estafa, societarios, falsedad documental y administración desleal, por los que el fiscal pide para él 21 años de prisión y 130 las acusaciones particulares.

Y un cuarto proceso, por la presunta organización de falsos cursos para desempleados para cobrar elevadas ayudas del Fondo Social Europeo, se instruye en el Juzgado 4 de Mérida.