La compañía Lundin Mining decidirá mañana si acepta la petición formulada por las administraciones central, extremeña y andaluza para que que acepte mantener la suspensión temporal de empleo entre la plantilla de Aguablanca y aplazar los despidos, si fuera posible hasta julio, para "ganar tiempo en buscar soluciones". Es el resultado de la reunión de ayer en Madrid entre representantes de las tres administraciones y los máximos dirigentes de la mina, el responsable de operaciones de Lundin Mining, Peter Quinn, y el consejero delegado de Río Narcea, Luis Merino.
En el encuentro estuvieron el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, y el consejero andaluz de Empleo y Empresa, Juan José Sánchez Maldonado.
Según trasladó después el consejero extremeño, la postura de la empresa sigue siendo "inamovible" en cuanto a cesar la actividad en la mina, por lo que espera que al menos sea "favorable" a la petición realizada ayer y sobre la que la empresa, con sede en Canadá, se comprometió a tener una respuesta de su Consejo de Administración en 48 horas. Precisó que el objetivo es que la compañía prolongue el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) iniciado en septiembre y que finaliza el 30 de abril, si fuera posible hasta julio, para disponer de tiempo en buscar alternativas al cierre de la mina y al despido de los 400 trabajadores.
TERCERAS EMPRESAS Navarro afirmó que "la principal línea de trabajo" ahora es la búsqueda de compradores interesados en continuar con la explotación y que la concesionaria ha reconocido "algún interés por parte de terceras empresas". Por eso insistió en la necesidad de ganar tiempo para encontrar alternativas.
En el caso de que la respuesta de Lundin Mining fuera positiva, se iniciaría un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores y sindicatos para establecer las condiciones del nuevo ERTE. Este plazo permitiría además evaluar cómo se comportan los precios de los metales en los mercados internacionales y obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para continuar la producción en galerías subterráneas.
El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, Juan José Sánchez Maldonado, dijo que sería "muy positivo" que no se hicieran efectivos los despidos hasta julio para tratar de encontrar un posible comprador.
Si la adjudicataria lo aceptara, se abren posibilidades para la aprobación de la DIA, "imprescindible para transferir los derechos mineros", y para dialogar con los sindicatos y llegar a una solución lo "menos traumática posible" y que "conjugara tanto los intereses de los trabajadores como de la empresa concesionaria".
