Es la incertidumbre por las idas y venidas en el marco regulatorio, son las supuestas irregularidades de plantas fotovoltaicas que podrían estar produciendo de forma irregular, y sobre todo, son los riesgos que el sector de las renovables ve a la posibilidad de que el Gobierno recorte las ayudas a este tipo de energías.

El Ministerio de Industria ha dejado entrever esta semana que sería conveniente reducir las primas que paga por la electricidad renovable. Solo durante el año pasado las empresas con plantas de producción de este tipo se repartieron 3.400 millones de euros en concepto de ayudas. Para este 2010, se calcula que podrían superar los 5.000 millones, debido a la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones termosolares, eólicas, fotovoltaicas o de biomasa. Por eso el gobierno pretende contener ese gasto y plantea una revisión de las primas, que podrían bajar hasta en un 45%, según apuntan fuentes ministeriales. De esta forma, por ejemplo, la prima a las plantas fotovoltaicas se reduciría de los actuales 280 euros por megavatio producido a unos 150 euros.

Esto haría menos atractivas las inversiones en el sector, aunque lo que realmente ha encendido a los actores de este mercado es la posibilidad de que la medida sea retroactiva. Es decir, que también se revisen a la baja las primas ya comprometidas con las instalaciones cuya construcción y puesta en marcha ha autorizado el gobierno en los últimos meses. "Introducir una legislación que afecte retroactivamente a las renovables puede afectar directamente a los planes de desarrollo del sector en las comunidades autónomas. Algunas de ellas, como Extremadura, con gran potencial para estas tecnologías. Se vería afectado el desarrollo del empleo local en construcción y mantenimiento de instalaciones y frenaría el desarrollo de nuevos proyectos", advierten fuentes del sector, que avisan también del impacto que puede ocasionar en las arcas municipales y autonómicas --posible reducción de los ingresos por tasas, impuestos, alquiler de terrenos...--.

Los últimos datos de la Junta hablan de la creación de entre 10.000 y 15.000 empleos en la región en los próximos años dentro de este sector. Entre otras iniciativas de generación eléctrica, está prevista la construcción de una decena de plantas termosolares y una veintena de parques eólicos.

"La retroactividad, al vulnerar la seguridad jurídica, frenaría la financiación de nuevos proyectos, conllevaría la destrucción de miles de empleos, el hundimiento de la inversión en I+D+i, y en definitiva, pondría en peligro un sector estratégico para Extremadura", señalaron ayer desde el Clúster de la Energía, la organización que agrupa a casi un centenar de empresas del sector en la región. Ante esta situación, exigen al Gobierno "coherencia" en su discurso, estabilidad en la legislación y un pronunciamiento público del ministerio que elimine la incertidumbre existente.