Arrecia la polémica en torno al transporte sanitario. El pleno de la Asamblea aprobó ayer tras un tenso debate la creación de una comisión de investigación para aclarar si las numerosas incidencias y quejas registradas en el servicio de ambulancias tras la llegada de la empresa Tenorio se deben a un «boicot» de la anterior adjudicataria. La comisión se crea a iniciativa del PSOE, que quiere demostrar que se optó por un proceso «limpio, legal y transparente», y salió adelante con el apoyo del PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos. No obstante, los tres coincidieron al criticar la falta de diligencia de la Junta en este tema y afear al PSOE que no haya ido directamente a la Fiscalía a denunciar ese supuesto sabotaje.

El transporte sanitario centró buena parte del pleno de ayer con una comparecencia a petición propia del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y la creación de la comisión de investigación a instancias del PSOE. En su intervención, Vergeles reiteró que la Junta «no entrará en ninguna guerra entre empresas» y frente a las críticas de la oposición, aseguró que los servicios jurídicos están estudiando cómo proceder después de que la empresa saliente no facilitase los partes de las rutas que se le habían requerido por burofax.

«Exíjanme responsabilidades, que todo ha sido legal y transparente», alegó el consejero, que negó que el servicio haya sido «un caos» porque las incidencias apenas han supuesto un 1% del total. A ello se suma que a día de hoy la situación está prácticamente normalizada salvo incidencias puntuales, cuando en otras regiones en la misma situación se han tardado hasta tres meses.

Una ambulancia con los cables cortados, llamadas masivas a la centralita para colapsar el servicio, direcciones por duplicado o cambios en las rutas son algunas de las «prácticas mafiosas» que denunció el portavoz socialista, Valentín García. Según dijo, el PSOE tiene serias sospechas de que hubo un «boicot importante» para que el traspaso se hiciera mal, ya que la mayor parte de incidencias se registraron en las áreas de Llerena-Zafra y Plasencia a pesar de que las de Badajoz o Cáceres son más numerosas. Para aclararlo todo y recabar pruebas se ha creado esta comisión, cuyas conclusiones se enviarán a la Fiscalía si se aprecian indicios de delito.

Según García, «había grupos de Whatsapp en los que se decía que había que aumentar la presión en las primeras semanas para que la nueva empresa abandonara y volviera el Consorcio Extremeño», a lo que se une «una campaña intencionada» para que obligatoriamente la anterior adjudicataria se llevara el concurso. «Que una empresa lleve 30 años prestando un servicio no significa que sea un monopolio ni que le pertenezca. No vamos a consentir que ningún lobby tomo como rehenes a los pacientes extremeños, más cuando lo que se está defendiendo es el interés empresarial y nóminas de 7.000 euros», afirmó.

LA OPOSICIÓN / La portavoz del PP, Cristina Teniente, apoyó la creación de la comisión en aras de la transparencia pero lamentó que nazca «viciada en su interior» para hacer una «operación rescate de Vergeles y ofrecer un relato feliz en el que la culpa es de todos menos de los socialistas». «Lo único que les interesa es tener una coartada para lavar la imagen del consejero », lamentó Teniente, que advirtió que su grupo pondrá todo su empeño en aclarar las responsabilidades políticas del titular de Salud en este tema.

Desde Podemos, el diputado Daniel Hierro consideró que el SES debería haber sido más diligente a la hora de resolver los problemas que surgieron porque hubo mucho tiempo para preparar el traspaso, si bien reconoció que «es probable que ese boicot haya sucedido». Pero al igual que el PP, Hierro mostró su temor por que detrás de la comisión haya «un intento de diluir responsabilidades». Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, criticó que la Junta «no tuviera un plan, o si lo tenía falló», y dijo que tratará de averiguar si el Ejecutivo debería haber tenido un papel más activo en el traspaso.

Cabe destacar que al término del pleno, el Sindicato Independiente de Ambulancias en Defensa del Sector (Sitaeds), manifestó en un comunicado que tanto Vergeles como Valentín García han «mancillado gravemente» el honor de los trabajadores de las ambulancias con unas acusaciones «infundadas y dañinas» de boicot y sabotaje, y por ello puso a su disposición los mecanismos para que puedan restituir su honor.