El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer el decreto por el que se regirán los conciertos educativos durante los próximos cuatro cursos escolares (seis en el caso de Primaria) en 78 centros concertados extremeños. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, explicó que este decreto «responde al cumplimiento de la legalidad vigente» ante el vencimiento de la actual normativa y no se trata de «un capricho» de la administración, informa Efe.

Responde así Rosiña a las críticas vertidas en las últimas semanas por el sector de la enseñanza concertada, a la que no satisface este nuevo decreto. El documento ha sido tratado en diversas mesas sectoriales con la patronal y los sindicatos del sector y es, según Rosiña, la «primera vez» que se hace de esta forma. Aún así nace sin acuerdo. El sindicato USO lamenta que «todas las propuestas que hicimos para mejorarlo fueron desestimadas por la Administración. Igualmente, en el trámite del Consejo Escolar recibió el voto en contra de sectores de la Concertada tan significativos como los padres (Concapa) y los profesores (USO-Extremadura). Lamentamos que un decreto que nace con tal oposición vea la luz», explicó ayer el sindicato.

Ahora, una vez aprobado este decreto, la Consejería de Educación tiene que publicar una orden (de forma anual) para que los centros concertados soliciten el número de unidades que desean concertar en función de las reglas establecidas en el nuevo decreto y esa demanda será analizada por las comisiones provinciales de la enseñanza concertada, en las que están representadas las familias extremeñas, las empresas, los sindicatos y la Fempex.

La portavoz de la Junta señaló que esta normativa «mejora sustancialmente» el decreto actual y estará vigente hasta el curso 2022-2023 en Primaria y hasta el curso 2020-2012 para el resto de enseñanzas concertadas. Según Rosiña, esas mejoras se traducen en que se incorpora la «posibilidad de dotar de más recursos al centro concertado que aplique programas educativos que han sido utilizados por la administración previamente» y se establece la necesidad de que los profesionales que atiendan a alumnos con necesidades educativas tengan la titulación específica para que reciban una «correcta atención». Gil Rosiña también explicó que tendrán prioridad para acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o realicen experiencias de interés pedagógico que reviertan en beneficio del sistema educativo.

Aún así, garantizó que la Junta «no va a tomar ninguna decisión que perjudique a la concertada» y, aseguró, que garantizará a los padres y madres el derecho de libre elección del centro escolar para sus hijos. Recordó que Extremadura es la comunidad con mayor porcentaje de alumnos en la escuela pública, el 80%, y añadió que «no hay falta de recursos en ninguna de las dos, ni en una en detrimento de la otra».

Sin embargo, no opinan lo mismo desde el sector de la concertada. El sindicato USO considera que el nuevo decreto no atiende las principales reivindicaciones del sector: «garantía de una estabilidad en la duración de los conciertos, atención a la diversidad en las mismas condiciones para todos los centros sostenidos con fondos públicos, la concertación de nuevas unidades si existe demanda social y el aumento de la ratio de profesores por unidad escolar, lo que daría estabilidad a las plantillas docentes y mejoraría aún más la calidad de nuestros centros». Aún así «confiamos que las buenas intenciones de la Junta se conviertan en hechos».

No obstante, el sindicato lamenta la tardanza «incomprensible» en aprobar definitivamente este decreto que pasó por el Consejo Escolar en el mes de marzo. «Publicándose tan tarde obligará a que los colegios concertados no puedan programar el próximo curso escolar con la necesaria antelación al desconocer el número exacto de unidades que tendrán o la plantilla docente con la que podrán contar».