El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado hoy luz verde al Proyecto de Ley de Emergencia Social de Vivienda, que, entre otras cuestiones, plantea la expropiación temporal y sanciones a las entidades bancarias que tengan en propiedad viviendas vacías.

Este proyecto, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, tiene como objetivo dar la cobertura legal necesaria para "acabar con el drama humano" de los desahucios por impago de hipotecas y frenar cuestiones como la especulación, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo el titular de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Según el consejero, esta norma nace con la intención "de no tener que ser aplicada", y ha precisado que en su elaboración "ha habido muchos contactos" con las entidades financieras y se han incorporado las recomendaciones del Consejo de Estado para evitar que sea recurrida por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la ley andaluza.

En este sentido, señala que esta ley es "supletoria" del Código de Buenas Prácticas del Gobierno, también se recoge que no se pueda vincular la intermediación bancaria con los resultados de la entidad y "aprendiendo" de la ley andaluza, que está recurrida, no está recogido en un decreto, sino en un proyecto de ley.

"Recogidas estas recomendaciones del Consejo de Estado, no debería tener mayor problema, ha aseverado el consejero, "porque está recogido lo sustancial".

Este proyecto de ley también establece el derecho de tanteo y retracto de la Junta sobre todas las viviendas que enajenen las entidades financieras como consecuencia de desahucios para que se tengan que destinar a programas de alquiler social, con el objetivo de que "no haya viviendas sin gente ni gente sin viviendas".

Vergeles ha recordado que este proyecto es un paso más en el camino iniciado cuando el PSOE estaba en la oposición y presentó en la Asamblea un borrador, que no se permitió que fuese debatido y que, posteriormente, se incluyó en la Agenda del Cambio.

El proyecto también contempla expropiaciones temporales del uso de viviendas objeto de ejecuciones hipotecarias, con el fin de evitar los desahucios y paralizar "de una vez por todas" los desahucios de viviendas de protección pública por impagos de renta de alquiler.

En este sentido, ha recalcado que "ha desaparecido" en Extremadura los desahucios de viviendas del parque público extremeño por no poder pagar los alquileres, y ha resaltado los buenos resultados dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan una bajada del 33 por ciento en el primer trimestre.

"Entendemos que estamos en la buena dirección y este proyecto de ley viene a consolidar esa tendencia y objetivo de desahucio cero", ha dicho Vergeles, que ha precisado que las relaciones con las entidades financieras que operan en Extremadura son buenas.

Además, ha indicado que se está llegando a acuerdo con la SAREB (banco malo) que espera cristalicen en breve y cuyo objetivo es destinar las viviendas sociales al alquiler social.

José María Vergeles ha recordado que para llegar a la expropiación temporal es necesario que no hayan funcionado otros mecanismos como la intermediación bancaria, ni las medidas que establece el Gobierno dentro del Código de Buenas Prácticas.

Vergeles ha indicado que por el momento no se puede fijar el número de viviendas vacías, ya que se está pendiente del informe del Observatorio de la Vivienda, lo mismo que la situación de habitabilidad se encuentra.