El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha recibido unas 2.000 solicitudes de desempleados para acogerse a las ayudas implantadas por el Gobierno regional para constituirse como autónomos, unas ayudas para las que se ha ampliado tanto el plazo de solicitud como la partida destinada.
La vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, explica que se han registrado unas 2.000 solicitudes para acogerse a estas ayudas, y 245 a las destinadas a que los autónomos puedan contratar a un familiar como colaborador en su negocio.
Ambas medidas forman parte del Plan de Fomento del Autoempleo del Ejecutivo y, según Teniente, están teniendo "una magnífica respuesta", por lo que se ha ampliado al 30 de abril de 2014 el plazo de presentación de las solicitudes, que finalizaba el próximo 30 de octubre, y se ha aumentado en 4 millones de euros las partidas, que pasan de 15 millones a 19 millones.
El objetivo es dotar de más tiempo a los interesados en presentar un proyecto y adaptarse a la normativa, ya que entre los requisitos se establece que deben contar con un plan de viabilidad, para lo que la administración ya ha recibido 2.100 solicitudes de ayuda.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex) la concesión de apoyo financiero a la empresa Acorex, Sociedad Cooperativa Limitada, mediante un préstamo por importe máximo de 5.000.000 de euros, para el desarrollo de su plan estratégico.
Acorex va a llevar a cabo un conjunto de cambios que la permitan atender el reto estratégico de un entorno global, por lo que ha planteado un Plan 2013-2018, que contempla la reestructuración y replanteamiento estratégico del grupo para que sea más eficiente.
Asimismo, se autoriza la firma de un convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para regular la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, adscrita a la Dirección General de Empleo y Seguridad Social, en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, prevé una serie de medidas cuyo objetivo es favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo.
La norma rompe la posibilidad de bloqueo de los convenios que existía anteriormente en los supuestos de desacuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, de forma que, ante ese tipo de situaciones, debe acudirse a la Comisión Paritaria del convenio colectivo de aplicación.
En el caso de que persista la discrepancia se puede someter la solución del mismo a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas.
