Más de 3.500 extremeños perciben actualmente las ayudas del Plan de Activación para el Empleo (PAE) o las del Programa de Recualificación Profesional (Prepara). Del primero son beneficiarias 2.707 personas en la comunidad autónoma; del segundo, 799, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Educación y Empleo.
Las prórrogas de ambos planes de gestión estatal finalizaron el pasado 30 de abril, por lo que estas prestaciones dejarán de estar vigentes a la espera de la reordenación del actual sistema de ayudas de protección para el desempleo que actualmente prepara el Gobierno. En ella se contempla la fusión de las diferentes ayudas a parados de larga duración en una única, denominada Renta Complementaria de Desempleo (RED). En ella también quedaría integrada la Renta Activa de Inserción, con otros 7.043 receptores en la comunidad autónoma a marzo pasado.
Los actuales beneficiarios del PAE y el Prepara seguirán cobrando la ayuda hasta que expire el periodo para el que fue concedida. Sin embargo, los desempleados que pudieran acceder a partir de ahora a esta cobertura deberán esperar a que el Gobierno saque adelante la RED. Desde el Ejecutivo se asegura que los que comiencen a generar este derecho podrán percibir las nuevas ayudas cuando llegue ese momento con carácter retroactivo. «Aunque lo haga así, durante estos meses esas personas van a quedarse sin nada. Eso es una barbaridad porque se van a encontrar desamparadas», remarca Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura, quien incide en que se trata de prestaciones destinadas a parados con cargas familiares o de larga duración «a los que les cuesta muchísimo trabajo volver a encontrar empleo».
En esta línea, Ana Isabel González, secretaria de Cooperación y Empleo de CCOO Extremadura, lamenta que desde que se aprobaron el año pasado las prórrogas de ambos programas (en abril en el caso del PAE y en agosto del Prepara) «se haya dejado pasar el tiempo» sin hacer ningún planteamiento a los agentes sociales para la reforma del sistema de protección contra el desempleo. Ahora, con la suspensión de las ayudas, critica, se ha creado una situación de «incertidumbre e inseguridad» en sus beneficiarios.
En este escenario, como propuesta de carácter temporal, el PP presentó a finales de abril una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en la que propone la creación de un subsidio extraordinario por desempleo, con un importe de 430 euros mensuales, que estaría destinado a las personas que hayan agotado los subsidios o ayudas económicas de acompañamiento de los programas de protección ante «la dificultad de implementar otras medidas alternativas en un corto espacio de tiempo».
CON SINDICATOS Y COMUNIDADES / El Ejecutivo negociará con los interlocutores sociales (sindicatos y patronal) y con las comunidades autónomas su propuesta de fusionar las ayudas. En este sentido, los agentes sociales se volverán a reunir con el Gobierno para hablar de este tema el próximo 16 de mayo, informa Europa Press.
Si bien desde el Ejecutivo central se sostiene que la integración de los programas de cobertura a parados permite crear un sistema de protección estructural con «más beneficios y más fácil de entender por los ciudadanos ofreciendo mayor seguridad jurídica», desde los sindicatos se teme que se produzca un endurecimiento de las condiciones de acceso y una pérdida de beneficiarios. «La propuesta que ha planteado el gobierno va en la línea de incrementar los requisitos y de reducir la cuantía y duración de las ayudas», indica Ana Isabel González quien, no obstante, matiza que, «de momento, no disponemos de demasiada información» sobre cómo se aplicarían los cambios.
Para Teodoro Casares, las condiciones que se quieren imponer a los trabajadores para poder percibir las prestaciones son «totalmente leoninas». Entre ellas, menciona el peso que se pretende dar a las rentas que puedan recibir otros familiares. «La cantidad de perceptores se va a reducir ostensiblemente, porque se van a tener en cuenta una serie de factores que antes no se tenían», resume.
La propuesta del ministerio también ha encontrado la oposición de buen número de comunidades autónomas. Entre ellas Extremadura, una de las nueve que en abril presentaron un planteamiento alternativo para integrar estos programas, en la que se incluía la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que fueran complementarias.
