Defiende tu herencia, defiende lo tuyo». Más de 300 personas se manifestaron ayer en Mérida convocadas por la plataforma Stop Sucesiones para pedir la supresión total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Extremadura, la región que «lidera» este tributo tras las rebajas que se han aplicado recientemente en Andalucía y Asturias.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, acompañado de varios cargos del partido y alcaldes como Francisco Javier Fragoso; el presidente del sindicato CSIF, Benito Román, y los máximos dirigentes de las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y La Unión son algunos de los rostros conocidos que participaron en la movilización y se sumaron a las reivindicaciones de la plataforma. La marcha arrancó pasadas las 12 del recinto ferial emeritense para terminar en la Presidencia de la Junta, donde se leyó un manifiesto. «Defiende tu herencia, defiende lo tuyo»; «impuesto de sucesiones, impuesto de ladrones» o «manos arriba, esto es un atraco», fueron algunas de sus consignas.

El portavoz de Stop Sucesiones, José Manuel González Pecellín, explicó que el colectivo exige a la Junta una bonificación del 99,99% en el Impuesto de Sucesiones para todos los casos, paralizar los expedientes que están en curso y devolver las cantidades «indebidamente cobradas» en los últimos cuatro años, además de establecer criterios de tasación justos para los inmuebles.

González reconoció que se trata de un tributo estatal y que como tal la competencia para suprimirlo es del Gobierno, pero también defendió que la Junta tiene mecanismos a su disposición para dejarlo sin efecto como han hecho otras regiones y pidió «voluntad política» en ese sentido. «Los extremeños no podemos ser los últimos de este país en privilegios y los primeros en Impuesto de Sucesiones», afirmó.

Para la plataforma, la propuesta de la Junta de bonificar al 99% las herencias de padres a hijos y entre cónyuges es «un paso adelante, pero insuficiente», ya que son muchas las familias que han tenido que renunciar a su herencia porque no pueden pagar o que han sido desahuciados y tienen todos sus bienes embargados por esta causa. «El año pasado 800 familias renunciaron a su herencia y en el primer trimestre de este año la cifra se ha incrementado un 40%», aseguró el portavoz.