Unos 400 funcionarios de la Administración General del Estado que trabajan en Extremadura podrán realizar sus tareas desde su propia casa a partir del 2008. Estos empleados públicos tendrán la posibilidad de cubrir hasta el 40% de su tiempo de trabajo semanal desde sus domicilios.
Así lo anunció el Gobierno, que a través del Ministerio de Administraciones Públicas tiene previsto aprobar en un mes el decreto por el que introducirá el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). La elección del teletrabajo será voluntaria y no implicará menos sueldo para el funcionario que se incline por esta modalidad laboral, cuyo "éxito quedó demostrado con un programa piloto que puso en marcha el año pasado".
PLAN CONCILIA En la región trabajan para el Estado un total de 13.397 funcionarios. De ellos, quedan excluidos las fuerzas de seguridad del Estado y otras ocupaciones que no permiten por sus características aplicar el teletrabajo, por lo que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de este decreto unos 4.000. Las primeras previsiones apuntan a que en el 2008 habrá unos 400 funcionarios de esta categoría en Extremadura, el 10% de la plantilla, que podrán trabajar desde casa hasta el 40% de sus horas semanales.
Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, aclaró que el motivo de esta medida es "la conciliación entre la vida profesional y personal como derecho de los trabajadores y el decreto que regulará el teletrabajo es un importante instrumento para lograrlo".
Este nuevo decreto se enmarca dentro del Plan Concilia, un conjunto de medidas de flexibilización de horarios laborales y de permisos para atender mejor la vida personal y familiar que puso en marcha este ministerio.
Los candidatos deberán estar en servicio activo, tener dos años de antigüedad, demostrar conocimientos informáticos y asistir a un curso sobre teletrabajo. En el caso de que haya más aspirantes que puestos, se valorarán cuestiones personales como el hecho de tener hijos, personas dependientes a su cargo, estar estudiando o realizar actividades de voluntariado, entre otros aspectos.
El Estado pondrá a disposición de los interesados ordenador, teléfono, conexión a la red, e incluso mobiliario. Si ya dispone de todo ello y prefiere usarlos, la administración cubrirá los gastos que genere. Según el ministerio, se verificará la ubicación de los equipos para prevenir riesgos laborales y el trabajador estará sujeto a la norma de protección de datos.
Un superior jerárquico evaluará cada semana el cumplimiento de los objetivos mediante indicadores previamente establecidos y la Comisión Coordinadora de Inspecciones valorará los resultados.
España será así el tercer país del mundo que regulará esta actividad, junto a Italia y EEUU. El decreto que ya ha llegado al Consejo Económico Social (CES), será negociado con los sindicatos antes de enviarlo al Consejo de Ministros. Su entrada en vigor está prevista para antes del 2008.
