En los órganos judiciales españoles tuvieron entrada durante el año 2017 un total de 5.873.689 asuntos, un 1,1% más que en el año anterior. En el mismo periodo, los tribunales resolvieron 5.748.410 asuntos, un 4,3% menos; y han quedado en trámite un total de 2.379.293 asuntos, lo que significa un incremento del 6,5%. En el caso de Extremadura, los juzgados ingresaron 113.588 casos (2,1% más), de los que resolvieron 106.171; un 6,3% menos.
En España, la jurisdicción Civil ingresó 2.040.018 asuntos, con un incremento del 9,2% respecto a 2016. En este incremento tuvieron un papel relevante las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. En esta jurisdicción se resolvieron 1.873.998 asuntos, un 1,6% menos que en el año 2016.
Respecto a lo Penal, el pasado año entraron 3.232.678 asuntos, con una disminución del 4%, habiéndose resuelto 3.275.857; un 6,1% menos.
Los juzgados del Contencioso-Administrativo registraron 195.908 nuevos asuntos; un 0,1% menos; y resolvieron 205.396; un 3,9% menos.
En la jurisdicción Social ingresaron 404.860 nuevos asuntos, con un incremento del 5,8%; y se resolvieron 392.927 (un 2% menos).
La tasa de litigiosidad en España el pasado año se situó en 126,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (164,5), Andalucía (145,1), Illes Balears (138,6), Cantabria (129,6), Asturias (128,7) y Murcia (128). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (85,4), País Vasco (93,5) y Navarra (94,3). La litigiosidad da cuenta de la cantidad de pleitos iniciados judicialmente en un determinado período de tiempo; y que se pueden materializar como denuncias formalizadas o demandas.
