¿Cómo se sostiene una sociedad que pierde habitantes, su población envejece y sus jóvenes se marchan fuera a trabajar? El contexto es complejo. El futuro, incierto.
Las heridas que la inestabilidad económica están dejando en el sistema arrastran a una impulsiva búsqueda de soluciones. Se ingresa menos de lo que se gasta. El desequilibrio es evidente, sobre todo cuando se habla de pensiones.
Cada vez hay más personas mayores que cobran una jubilación, mientras que la población veinteañera que podría empezar a cotizar o bien emigra por falta de trabajo, o bien se queda y tiene que asumir contratos precarios con una nimia contribución a la Seguridad Social.
En el caso de Extremadura, la dificultad se acrecienta al ser una de las regiones con más pérdida de habitantes y con mayor envejecimiento de sus pueblos y ciudades.
Los datos sobre previsiones de población que maneja el INE (Instituto Nacional de Estadística) arrojan una realidad presente y futura en alerta. En la próxima década, los mayores de 65 años aumentarán un 15% en la región, lo que significa unos 39.000 más (pasaran de 217.067 a 256.455). Al mismo tiempo seguirá la pérdida, en general, de habitantes, alrededor de un 4% (en los próximos diez años, la población en Extremadura disminuirá en 40.777 personas, quedando en 1.032.107). El resultado es que en 2028, uno de cada cuatro extremeños tendrá más de 65 años.
Más estadísticas para testimoniar esta coyuntura: mientras que el número de jubilados creció más de un 2% en los últimos cinco años, en el mismo periodo hubo un descenso de los jóvenes activos de entre 25 y 34 años (aquellos que o bien trabajan o están en búsqueda de empleo) de casi un 20%. Principalmente por la emigración. La consecuencia, de nuevo, el desequilibrio del sistema.
«Es de justicia»
De ahí la propuesta que lanzó el pasado martes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que planteó un impuesto a la banca para costear el sistema de pensiones. Argumentó que los españoles tuvieron que contribuir «con el sudor de su frente» al rescate de las entidades financieras, por lo que consideró de justicia que ahora sean éstas quienes ayuden a mantener la estructura económica.
Con esta nueva tasa calcula que se pueda recaudar hasta 1.000 millones anuales que irían destinados a reducir una parte del déficit de la Seguridad Social.
Lo cierto es que el pasado año el Gobierno gastó el 90% de la hucha de las pensiones y, para no dejarla aún más tiritando, el Estado hizo un préstamo de 10.193 millones de euros a este organismo. En 2018 se prevé que ocurrirá algo similar.
El contexto es complejo. El futuro, incierto.
