En julio del año pasado, la Dirección General de Medio Ambiente extremeña publicó en el DOE una resolución en la que recogía un listado de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el real decreto 1432/2008, de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en estos puntos. Esta normativa había dado, hacía más de una década, un año de plazo a las comunidades autónomas para que realizarán un inventario de los tendidos que estuviesen causando una mayor mortalidad entre la avifauna.
En la resolución de la Junta figuran más de un millar de líneas, con aspectos como quiénes son sus propietarios, cuáles son los incumplimientos — se da un año para presentar el proyecto de adaptación— o la existencia o no de elementos de señalización de cables anticolisión.
No obstante, a juicio de Álvaro Guerrero, director del Hospital de Fauna Salvaje de AMUS, sigue faltando aún «una revisión sistemática» de estas conexiones, ya que la normativa se ha ceñido fundamentalmente a las redes situadas en espacios protegidos, como las ZEPA —Zonas de Especial Protección para las Aves—. Sin embargo, alega, «muchas de las colisiones y las electrocuciones son fuera de la Red Natura 2000. Las aves cazan en las zonas deforestadas, abiertas. Y ahí es donde mueren. Las águilas no mueren en la sierra, donde prácticamente no hay tendidos, sino en la campiña cuando van a cazar liebres, conejos, etcétera», subraya Guerrero.
«Hay millones de kilómetros de líneas eléctricas», resalta, y muchas atraviesan, además, fincas privadas «donde no hay accesibilidad», por lo que es complicado saber cuál está siendo su impacto realmente en la avifauna.
