Hace justo un mes la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró en Cáceres que es necesario terminar de recoger documentación "para pasar ya a la fase de decisión" sobre la refinería, aunque negó que los continuos retrasos que sufre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) impliquen que el proyecto se vaya a rechazar. "Eso solo quiere decir que todavía no disponemos de toda la información necesaria para hacer la evaluación. En el momento en el que se reciba toda, se estudiará, se analizará y se tomará la decisión en función del cumplimiento o no cumplimiento de las exigencias", apuntó la ministra. Sin embargo, lo cierto es que su departamento ha vuelvo a retrasar la tramitación ambiental porque el 20 de abril ha pedido más información del proyecto al Ministerio de Industria, sin concretar los motivos ni qué tipo de nueva documentación se ha requerido, y es la sexta vez que lo hace en el último año.

En cambio, en esa última visita de la ministra a la región también explicó que, de momento, no se han marcado plazos: "no podemos manejar ningún tipo de plazo. Tenemos un plazo establecido, que es de tres meses desde que se reciba toda la documentación". De esta forma, están a la espera de que el Grupo Gallardo facilite la información solicitada. Se da la circunstancia de que apenas dos semanas antes su ministerio recibió más documentación que había pedido.

El retraso en la Declaración de Impacto Ambiental de esta iniciativa industrial ha generado que el propio presidente de la Junta haya mostrado su contrariedad al respecto y haya llegado a decir que esa demora se debe a que "hay quien piensa que no nos los podemos permitir", pero "algún día tendremos que levantar la voz para decir por qué algunas cosas siguen siendo tan difíciles".

Y es que, según la documentación de Medio Ambiente, la solicitud de autorización de la refinería se produjo por parte de Gallardo el 9 de junio del 2005, pero hasta un año después (21 de abril del 2006) no se inició la fase de consultas previas, y pese a que se disponía de tres meses para trasladar a la empresa las respuestas, no se hizo hasta ocho meses después, el 15 de diciembre del 2006.

Se abrió entonces un nuevo plazo de dos años máximo para que Gallardo elaborase el Estudio de Impacto Ambiental, este documento se sometiese a información pública y se entregasen las alegaciones a Medio Ambiente. Fue el único plazo que se cumplió (22 meses).

Esos retrasos burocráticos han sido sucesivos en el último año, y los últimos requerimientos antes del 20 de abril se referían a los vertidos, la depuración y cómo se unirá el oleoducto con el puerto de Huelva.

Hay que recordar que la DIA está atascada desde el 30 de octubre del 2008, fecha en la que Medio Ambiente recibió todo el expediente relativo a esta instalación (el estudio ambiental completo y las alegaciones), cuando el plazo para resolver este asunto es de tres meses desde que se recibe ese informe; es decir, tenía que haberse pronunciado sobre la Declaración de Impacto Ambiental en enero del 2009.