La reducción de las retribuciones de todo el sector público en un cinco por ciento ha recibido hoy el visto bueno de la mayoría socialista del Parlamento, ya que el PP la ha rechazado por considerar que será "más lesiva" que en otras comunidad autónoma y que podría haberse evitado.
"Este proyecto es duro, pero necesario", ha afirmado el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, que ha sido el encargo de presentar hoy ante el Pleno de la Asamblea el proyecto de Ley de Medidas Urgentes y Complementarias de Reducción del Déficit Público.
Una norma que el pasado viernes fue aprobada por el Consejo de Gobierno y que hoy ha superado el trámite parlamentario por el procedimiento de lectura única.
En su intervención, Franco ha señalado que se trata un texto "sin precedentes" en la comunidad autónoma, que se pone encima de la mesa dada la "excepcionalidad" de situación económica.
Ha señalado que se asume no sólo porque es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, sino también por fidelidad al principio de equidad en los servicios, al tiempo que ha agradecido la actitud con la que los empleados públicos están asumiendo estos recortes, que está contribuyendo a la "paz social".
El objetivo, ha dicho, es que el conjunto de las retribuciones de todo el sector público autonómico experimente una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010
En concreto, los miembros del Consejo de Gobierno sufrirán un recorte del 15 por ciento en sus retribuciones y los altos cargos del 8 por ciento, mientras que el personal directivo de las empresas y entidades del sector público experimentarán una reducción que oscilará entre 8 y 15 puntos.
Por su parte, el personal funcionario y el personal eventual verán mermadas sus retribuciones básicas en los términos dispuestos en la norma estatal y, además, las complementarias en un 5 por ciento.
El texto no ha contado con el apoyo del Grupo Popular porque, según ha argumentado la diputada Cristina Teniente, "estos ajustes podrían haberse evitado" si no se hubiesen aprobado unos presupuestos regionales basados en el "despilfarro".
A su juicio, tampoco son equitativos, por "cargar" sobre las clases medias, y supone la trasposición "más lesiva" del Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.
"Van al tope del límite permitido en las retribuciones complementarias", a diferencia de lo que harán otras comunidades autónomas, ha aseverado la parlamentaria popular.
En su opinión, estos recortes son "difícilmente justificables" cuando el Gobierno sigue "empeñado" en no reducir número de consejerías, ni los 111 altos cargos del Servicio Extremeño de Salud, ni el gasto del programa Marca Extremadura, ni "un largo etcétera".
El socialista Jorge Amado ha acusado de "demagogia" al PP porque, aunque es "muy probable" que este proyecto de ley no guste a nadie, su aprobación es "sumamente importante" para aliviar una situación "que no ha provocado ninguna administración ni ninguna persona".
"Nuestra respuesta debería ser unánime y contundente, es el momento de defender lo público", ha subrayado el diputado, que ha insistido en que la reducción del déficit es algo "incuestionable" y en que el PSOE asume estas modificaciones "absolutamente necesarias" y el objetivo que se persigue con ellas.
Ha negado además que el recorte salarial vaya a ser mayor en Extremadura porque, según ha explicado, "el cómputo general para cada administración es recortar el 5 por ciento"
Tras afirmar que esta medida es necesaria para garantizar el estado del bienestar, el diputado socialista ha agradecido la "entereza" y "gran sentido" con el que los empleados públicos están asumiendo la situación.
