El Ministerio de Medio Ambiente ha vuelto a interrumpir el plazo para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Refinería Balboa en Tierra de Barros. El pasado 7 de julio solicitó información adicional al Ministerio de Industria --que es el que se la facilita-- sobre las instalaciones portuarias en Huelva, el funcionamiento de la refinería y sus instalaciones anexas, demanda que ya ha atendido el Grupo Alfonso Gallardo, promotor del proyecto, que remitió esa documentación a principios de agosto y que tiene Medio Ambiente desde el 12 de agosto, según han confirmado este ministerio y la empresa.
Se trata de la segunda vez que el ministerio que dirige Elena Espinosa interrumpe la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, atascada desde el pasado 30 de octubre, fecha en la que Medio Ambiente recibió todo el expediente relativo a esta instalación (el estudio ambiental completo y las alegaciones), cuando el plazo para resolver este asunto es de tres meses desde que se recibe ese informe; es decir, tenía que haberse pronunciado sobre la DIA en enero.
Sin embargo, el pasado 23 de febrero ya pidió al promotor de la planta nuevos datos sobre "algunas cuestiones relacionadas con la dispersión de contaminantes atmosféricos", hecho que este departamento califica como "práctica habitual". Además, en el 2007 Gallardo ya presentó un estudio de impacto atmosférico de la refinería realizado por el CSIC, la Universidad de Huelva y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, y coordinado por la Universidad de Extremadura.
Esto supone que no hay fecha para que se resuelva la DIA, cuestión previa a la aprobación del proyecto tal y como está, la aprobación con modificaciones o su rechazo.
Lo cierto es que la tramitación del proyecto lleva acumulando retrasos desde hace años por cuestiones burocráticas. Según la documentación de Medio Ambiente, la solicitud de autorización de la refinería se produjo por parte de Gallardo el 9 de junio del 2005, pero hasta un año después (21 de abril del 2006) no se inició la fase de consultas previas, y pese a que se disponía de tres meses para trasladar a la empresa las respuestas, no se hizo hasta ocho meses después, el 15 de diciembre del 2006.
Se abrió entonces un nuevo plazo de dos años máximo para que Gallardo elaborase el Estudio de Impacto Ambiental, este documento se sometiese a información pública y se entregasen las alegaciones al Ministerio de Medio Ambiente. Fue el único plazo que se cumplió, ya que esta documentación se entregó en octubre del 2008 (22 meses).
En este punto es en el que de nuevo se ha atascado la tramitación necesaria, el último escollo para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En cualquier caso, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró ayer a EL PERIODICO que "se sigue analizando y completando el proyecto para lo que se mantienen reuniones con el promotor", reitera que para el análisis del mismo "se ha dividido el proyecto en distintas fases" y que en la actualidad "se está pendiente de aclarar diversos aspectos", tales como "emisiones a la atmósfera, vertidos, afecciones de las instalaciones, etcétera".
LA EMPRESA A este respecto, desde el Grupo Gallardo se ha apuntado que "la interrupción de los plazos es normal para pedir ampliaciones de documentación" e insisten en que todo lo que le han solicitado ya ha sido remitido.
Por otro lado, se da la circunstancia de que el proyecto para construir una central térmica en Alange tiene ya el visto bueno oficial del Ministerio de Medio Ambiente, que, sin embargo, vincula esta autorización a que se consideren también los efectos que tendría sobre el entorno la puesta en marcha de la refinería. En este sentido, el impacto conjunto podría producirse por una doble vía: la de calidad ambiental y la de los vertidos. En ambos casos se estima que es poco probable que haya una interacción negativa.
