Extremadura es una de las comunidades que más notará en sus arcas públicas la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, suprimido por el Gobierno central hace un año. Ahora, el Ejecutivo nacional tiene previsto transferir 1.800 millones de euros a las autonomías, con el fin de cubrir el vacío que dejará la suspensión del mismo. Cantidad que es un 15% inferior a la última recaudación, correspondiente al ejercicio 2007 y que ascendió a 2.121,4 millones de euros, según datos proporcionados por la Agencia Tributaria.

La región será la tercera más perjudicada, ya que percibirá un 14,6% menos de lo recaudado con el impuesto. No obstante, según lo previsto en la documentación presentada por el Gobierno con ocasión del nuevo modelo de financiación autonómica, todas las comunidades sufrirán esta merma en similar medida. Así, por delante de Extremadura se encuentran Canarias y La Rioja, que dejarán de percibir un 17,3% y 14,7%, respectivamente.

También se mantendrá el orden de los que más reciben, con Madrid a la cabeza, que pasará de los 634,3 millones de euros a los 542,7 millones, por delante de Cataluña (de 533,6 millones a 460,9 millones) y Valencia (de 215,1 millones a 185,3 millones). Datos que suponen que en total, los gobiernos locales dejarán de percibir en 2009, en torno a 321 millones de euros menos respecto a lo ingresado en el último año de vida del impuesto.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno central a la hora de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio fue que habiendo nacido con una vocación censal, para mantener el control sobre los grandes patrimonios, había acabado gravando en su mayoría a las rentas medias, y por tanto, ya carecía de sentido. De esta forma, el impuesto gravaba la totalidad del patrimonio neto de aquellos cuya base imponible fuese, con carácter general, superior a los 108.182,18 euros.

También cuando no dándose esta circunstancia, el valor de los bienes y derechos en propiedad superara los 601.012,10 euros. Asimismo, estaban obligados a declararlo los no residentes en España que fueran titulares de bienes y derechos que estuvieran situados en el territorio nacional.

Según datos más detallados de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2006, que excluye los casos de no residentes cuando el único patrimonio fuese una vivienda, el 53% de los declarantes presentaron una base imponible inferior a los 300.000 euros. En los extremos, las declaraciones con bases superiores a los 2,5 millones de euros representaron el 1,8% del total, y las de menos de 150.000, el 15,6%.

Por otro lado, el número de declarantes correspondientes al ejercicio 2006 registró un aumento del 4,6% respecto al ejercicio anterior, al pasar de 957.503 a más de un millón. Y dicha tasa es la mayor de las registradas entre 2002 y 2006.