La entrada en vigor de la Ley de Protección Animal de Extremadura, que obliga a los propietarios a instalar a sus perros un microchip de identificación, y la crisis económica, han desbordado las instalaciones de las perreras. El microchip tiene un coste de 30 euros y las multas por incumplimiento oscilan entre los 300 y los 1.500 euros.

Desde la Protectora de Animales de Cáceres, Isabel Alcalá, señaló a Europa Press que con la entrada de la norma ha "aumentado" el número de ejemplares abandonados. Destacó que se trata de un factor que influye en que se abandonen "más perros adultos, aparte de las típicas camadas".

A modo de ejemplo señala que la Perrera Municipal de Cáceres tiene una capacidad "ideal" de 60 perros, aunque acoge a casi 90, una situación general en "todas las perreras extremeñas".