La vivienda es un bien tan difícil de conseguir como fácil de perder, especialmente en estos momentos de crisis económica. Solo en el último año más de un millar de familias extremeñas se han quedado sin su casa ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca. Y no solo eso, si no que la situación se repite día tras día en nuevos hogares y cada vez con mayor fuerza, con más casos.

Así lo refleja la memoria estadística de los juzgados, los encargados de ejecutar los embargos a instancia de las entidades financieras. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo entre enero y julio de este año se llevaron a cabo 728 ejecuciones hipotecarias en Extremadura. Si se coge un periodo más amplio, de 12 meses --de julio del 2009 a julio del 2010--, la cifra se eleva a 1.257 familias que perdieron su vivienda.

Pero estos números son solo los casos que quedan registrados en las oficinas judiciales. Porque hay otro tipo de procedimientos que no se canalizan por esa vía, que también suponen perder la vivienda y que no tienen un seguimiento estadístico fiable. Es el caso de la dación en pago, consistente en un acuerdo entre el banco o caja de ahorros y el cliente para que la entidad se quede con el inmueble como abono de la cantidad de dinero adeudado por la hipoteca, evitando así la familia afectada tener que hacer frente a la deuda acumulada con otros bienes.

INCREMENTO CONTINUO Por tanto, la huella del drama es más amplia de lo que recogen los datos oficiales; unos datos que, sin embargo, sí sirven para constatar que, a medida que se alarga la crisis, son más las personas que se están viendo afectadas por embargos inmobiliarios. De hecho, en el 2007 solo se realizaron en Extremadura 361 ejecuciones hipotecarias, cifra que se duplicó en el 2008 (723 casos) y que en el 2009 llegó a 1.030 procesos. Todo apunta a que este año habrá un nuevo récord, porque en los seis primeros meses ya se habían superado las 700 ejecuciones.

Esta tónica es similar en el resto del país, e incluso con mayor virulencia en muchas regiones de España. En el conjunto nacional y en comunidades como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana estos procesos judiciales se han cuadriplicado en apenas tres años --entre el 2007 y el 2009--. En Aragón o La Rioja ya casi se quintuplican.

Tal es la gravedad de la situación de muchas familias tras más de tres años de crisis --con 4,6 millones de parados en toda España y 122.000 en Extremadura-- que el Congreso acordó por unanimidad la semana pasada instar al Gobierno a alargar de uno a seis meses el plazo de cuotas impagadas a partir del cual la banca puede comenzar los trámites para embargar la casa. Y también se reclamó al Ejecutivo que fije un límite a los intereses de demora que tienen que pagar las familias para ponerse al día con las cuotas.

LEY DEL 2009 Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda apuntan que la ley que regula los plazos de ejecución de las hipotecas es del 2009 y podría resultar "un poco raro" cambiarla tan pronto. "No hemos constatado que haya un gran problema de gente que le estén embargando la casa al cabo de un mes, pero lo estudiaremos y tomaremos en consideración", dicen.

Aunque pueden actuar desde el primer mes, las entidades suelen esperar tres o cuatro para intentar que el cliente se ponga al día o renegocie el préstamo. Evitan así que el crédito entre en demora y tener que provisionar la posible pérdida. Con todo, las ejecuciones de hipotecas no dejan de crecer cada trimestre.