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DISCREPANCIAS SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA REGIÓN

Mina sí, mina no

5 plataformas ciudadanas se oponen a que sigan los trámites para que otros tantos proyectos mineros se instalen en distintas zonas de la región // Mientras, en otros municipios la minería se ve como un revulsivo para la economía y el empleo

 

Rocio Cantero
03/03/2019

¿Sí a la mina o no a la mina? Pues depende del tipo de mina, de los terrenos en los que se pretenda extraer el material, de cómo se vaya a hacer la explotación e incluso de qué se busca en el subsuelo. Los permisos de exploración e investigación (otorgados o en trámites en la administración regional) han estado acompañados en los últimos meses de la aparición de al menos cinco plataformas en contra de que se pongan en marcha.
La última en sumarse ha sido la plataforma Dehesa Sin Uranio, que acaba de crearse para rechazar la apertura de una mina a cielo abierto para la extracción de uranio en terrenos de los términos municipales de Zahínos, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno, Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros. «El uranio en sí es peligroso, pero además se mezclará con el gas radón al extraerlo, con lo que será más dañino para la población», afirma Ana Antequera, una de las integrantes de la plataforma. Los daños sobre la actividad agrícola de la zona y el paisaje son otras de las motivaciones de este colectivo ciudadano, que cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de la zona (varios de ellos han presentado recurso de alzada) e incluso ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org contra el proyecto (llevaban más de 2.300 adhesiones al cierre de este reportaje).
El primer colectivo ciudadano en agruparse contra uno de estos proyectos mineros fue Salvemos la Montaña, de Cáceres, creado en el verano de 2017 a raíz de la pretensión de la multinacional Infinity Lihium de crear una mina a cielo abierto para extraer litio y wolframio en Valdeflores, en la umbría de La Montaña. La empresa había solicitado permisos de investigación y llegó a practicar catas antes de que el proyecto se paralizara por el ayuntamiento, por los incumplimientos con las licencias otorgadas y tras la negativa a cambiar el plan general (PGM) para permitir la actividad extractiva en la zona.

La Raya, Villuercas y Gata
En este año y medio se han erigido otras tres plataformas para oponerse a la creación otros tantos proyectos. Salvemos las Villuercas es el nombre de una agrupación ciudadana con más de 2.000 integrantes, surgida en el entorno de Cañamero, Berzocana y Logrosán, contra los permisos de exploración tramitados. «Una mina a cielo abierto es incompatible con la figura de Geoparque que ha supuesto un revulsivo para el turismo y le economía de la zona», señala Virginia Alfonso, una de las integrantes del colectivo. Junto a eso, las principales cuadrículas afectadas están sobre una zona agrícola con pequeñas parcelas en manos de la mayorías de los habitantes de Cañamero. «Se perdería parte del sustento de muchos», reivindica. El ayuntamiento de la localidad, de hecho, presentó algunas de las 16.000 alegaciones al permiso de investigación en trámites. «Confiamos en que no continúe adelante», afirma Felipe Cerro, alcalde de Cañamero. En Logrosán, Ángela Agudo, la teniente de alcalde afirma en todo caso que el proyecto está «en una fase muy inicial».
La plataforma La Raya sin Minas, canaliza la oposición ciudadana a los nueve expedientes para proyectos mineros que se tramitan en el entorno de Valencia de Alcántara, Alburquerque, La Codosera y San Vicente de Alcántara. En una reciente comparecencia en la Asamblea de Extremadura uno de sus integrantes señaló que los proyectos en trámite coinciden con enclaves de la Red Natura 2000, el conjunto megalítico de dólmenes de La Data y espacios protegidos del Tajo Internacional y de la Sierra de San Pedro.
También la afectación del paisaje está en el ADN de la plataforma Sierra de Gata Viva, que se opone (con el apoyo de los ayuntamientos y la mancomunidad) a los tres permisos de investigación que hay en la zona y los otros dos que se están tramitando y que afectan a la zona, en mayor o menor medida, para la extracción de wolframio, estaño y oro. «Sería un desastre a todos los niveles; por las expropiaciones a los ganaderos y agricultores, y por el daño sobre el turismo y sobre el paisaje y los recursos de la zona, como el agua», indica Pedro Geraldes desde el colectivo.

Un revulsivo
«Cada territorio y cada momento histórico es diferente. Yo comparto las protestas de los ciudadanos de Cáceres o de las plataformas de Las Villuercas y la Sierra de Gata, porque no es lo mismo unos terrenos en Alconchel a los que no se les saca ahora ningún partido, que esos enclaves», reconoce Óscar Díaz, alcalde de Alconchel. El permiso de explotación para la futura extracción de cobre está en fase de declaración de impacto ambiental y se espera que los trámites que quedan se completen en 18 meses. «Es un proyecto esencial para el pueblo, que va a generar más de 200 puestos de trabajo directos, y cuatro veces más indirectos», valora el alcalde, que confía en el efecto que tendrá como «revulsivo» para la zona.
El cierre de Aguablanca en Monesterio, por ejemplo, fue un mazazo para el empleo y la economía local en 2017 y lo mismo pasó en los años 80 en Almoharín. Allí ahora se realizan los primeros trabajos para explotar de nuevo el yacimiento de wolframio de La Parrilla, por parte de W Resources, y en el pueblo se ve como «una oportunidad y una fuente de empleo y riqueza», en palabras del alcalde, Antonio Cano. De hecho, cuando estuvo funcionando, en los años 80, ya trabajaran allí cien personas del pueblo, además de los empleos indirectos.
Ante la reapertura en la que ya trabaja la multinacional británica, el propio ayuntamiento se implicó en al recogida de currículum (recibió 150) para trabajar en la instalación, que prevé estar a pleno rendimiento a mediados de año. «Aquí ya se trabajó en esta mina durante 50 años, en galerías y en pozos, y sabemos que es bueno para el pueblo que la mina funcione. Pero entiendo el rechazo en casos como Cáceres», dice Cano. En Extremadura hay 230 expedientes en distintas fases para extraer recursos del subsuelo, según la Junta de Extremadura. 

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