Hechos y no palabras". Eso es lo que exigieron ayer en Badajoz los trabajadores de la mina de Aguablanca, en Monesterio, que protagonizaron una protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura para urgir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permita seguir explotando este yacimiento por parte de alguna de las cinco empresas que han mostrado interés ante el anuncio de cierre y extinción de contratos por parte de Lundin Mining el 30 de junio.

Los mineros, arropados por los sindicatos UGT y CCOO, el PSOE, Podemos y la Asamblea de Bomberos de Badajoz, recordaron que llevan casi un año esperando la DIA que, con los despidos "a la vuelta de la esquina", es imprescindible que sea favorable y se conceda cuanto antes para que Aguablanca sea un "proyecto a futuro y no caiga en el olvido", señaló Eloy Sánchez, presidente del comité de empresa.

"Tenemos que exigir que el problema de la DIA no sea un problema para los trabajadores y queremos que las administraciones nos sigan apoyando, porque hasta ahora nos hemos sentido solos en cuanto al Gobierno central, del que no hemos tenido ayuda ni solución ninguna", criticó Sánchez que, pese a que reconoció que el anuncio por parte de la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, de que la declaración se resolverá "en breve" les deja cierto margen de esperanza, "a estas alturas es difícil de entender que 11 meses después estemos todavía así".

Mientras un centenar de personas se concentraba ante la sede de la delegación, Herrera bajo a la calle e invitó al comité de empresa a reunirse con ella. En este encuentro, según Sánchez, les dijo que "en un par de semanas" podría estar solucionado. "Son palabras, pero vamos a darle un voto de confianza", afirmó. Por su parte, Herrera señaló que había querido reunirse con los mineros para trasladarles que está "en el mismo barco" que ellos, que no se ha dejado de trabajar para que la DIA esté cuanto antes y que el Gobierno "está haciendo un esfuerzo muy importante en ese sentido".

No lo creen así los sindicatos CCOO y UGT, cuyos líderes regionales, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez, criticaron el retraso y señalaron que la "patata caliente" está en el Gobierno de Rajoy, pues trabajadores y sindicatos "hemos cumplido", defendió Carretero. Como él, Sánchez consideró "inaceptable" que aún no se haya resuelto cuando se podría haber hecho en "seis meses", teniendo en cuenta que se juega con el trabajo de 400 personas (entre mineros y subcontratas) y con los de otros 20.000 de forma indirectos en la comarca.