Lo pidió públicamente, hace sólo unos días, delante de los trabajadores y trabajadoras, y del mismo presidente de la Junta de Extremadura, el secretario general de UGT Francisco Capilla. Ahora, son los propios afectados, y aun con mayor rotundidad si cabe, lo demandan los trabajadores procedentes de las localidades de El Real de la Jara, Cala y Santa Olalla. El colectivo amenazado con la extinción de sus contratos en el yacimiento minero desea, que al igual que se ha pronunciado el presidente extremeño, lo haga su homónima Susana Díaz.
Luis Miguel Parrado, de 34 años, vecino de El Real de la Jara, lleva ocho años trabajando en la mina de níquel. Vive con su pareja y una hija de ésta. Se ha visto afectado por los dos ERTES practicados por la empresa, con lo que aproximadamente una vez concluya el expediente actual, tendría unos pocos meses de prestación por desempleo, y una indemnización. "Personalmente no quiero pensar en eso", apostilla.
Mientras prepara folletos para invitar a la ciudadanía a la manifestación de este viernes en Badajoz, Luis Miguel explica "el mazazo" que para él y para el resto de empleados ha supuesto esta decisión empresarial. Para el minero está siendo primordial "la implicación que desde el primer momento están teniendo con el colectivo los representantes municipales" y echa en falta más complicidad por parte de las máximas autoridades andaluzas.
