Todavía no se sabe en qué quedará la aplicación de la reválida de sexto de Primaria a la extremeña. El Ministerio de Educación asegura a este diario que siguen estudiando la respuesta de la Junta de Extremadura al requerimiento remitido en junio desde el Ejecutivo central sobre la evaluación final de Primaria.

En esa advertencia, el ministerio instaba a la Consejería de Educación a modificar la instrucción regional elaborada para desarrollar esta prueba y ajustarla al decreto nacional. En concreto, cuestionaba que la norma extremeña norma no estableciera un modelo de prueba obligatoria ni tampoco incluyera cuestionarios de contexto.

Dicho requerimiento llegó a la administración educativa, según dijo, el viernes 10 de junio, solo dos días antes de que más de 10.000 alumnos de sexto de Primaria se enfrentaran a la prueba. Sin embargo, nada cambió, la consejería siguió adelante con sus planes y respondió al ministerio en el plazo de 30 días concedido --dicho plazo concluyó a mediados del mes de julio--.

Argumentó --según avanzó en rueda de prensa días después-- que no fijó que el modelo de examen elaborado por la Junta fuera obligatorio en base a la autonomía pedagógica de los centros pero que existió ese modelo y se remitió a todos los centros. Por otra parte, sobre los cuestionarios de contexto explicó que la consejería ya dispone de instrumentos que miden el Indice Socioeconómico y Cultura de cada uno de los centros a través de las pruebas de diagnóstico realizadas el curso pasado y que se aplicaron en esa evaluación individualizada aunque no se hubieran publicado.

CONTENCIOSO Con estos argumentos, el Ministerio de Educación debe dirimir si zanja la polémica o cumple su amenaza de iniciar un contencioso-administrativo porque considera que se ha incumplido la norma estatal. Sin embargo, la decisión final todavía no se ha tomado. "Estamos estudiando toda la documentación", confirman desde el ministerio.

Extremadura no fue la única comunidad que recibió un requerimiento por no realizar la reválida tal y como había marcado el propio ministerio. Cataluña, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares se enfrentaron a cartas similares y el ministerio no se olvida. Será la Inspección educativa quien, a la vista de las respectivas contestaciones, determine qué comunidad no ha cumplido la ley "antes de iniciarse cualquier proceso judicial".