A solo cuatro días para que se estrene en Extremadura la polémica evaluación final de sexto de Primaria, conocida como reválida, que impone la Lomce, el Ministerio de Educación avisa que la normativa extremeña no cumple la ley aprobada bajo el mandato del ministro José Ignacio Wert ni, por tanto, el decreto estatal que rige el desarrollo de esta prueba. Así se lo ha comunicado en un requerimiento, enviado a primeros de junio, según confirman fuentes ministeriales a este diario, aunque la consejería extremeña insistió ayer por la tarde que no había recibido ningún tipo de apercibimiento del Ministerio, por lo tanto sigue con sus planes y más de 10.400 menores --todos los que cursan 6º de Primaria-- harán la reválida extremeña el próximo lunes y martes.
Desde la Administración regional remiten a las declaraciones que sobre este asunto hizo el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, el pasado miércoles: "Oficialmente a esta comunidad no ha llegado y cuando llegue ya contestaremos porque si hablamos de incumplimiento tendrá que mandarse el apercibimiento al propio Ministerio", señaló.
CONSECUENCIAS En el requerimiento estatal se insta a la Administración autonómica a modificar la instrucción regional elaborada para desarrollar esta prueba en un plazo de tiempo para ajustarla a la ley nacional. Si no lo hace, avisan desde el Ministerio de Educación, "iniciaremos un contencioso-administrativo". No sería el primero, puesto que en el País Vasco ya están redactando una primera demanda por no desarrollar la prueba.
La discrepancia viene fundamentalmente por el personal que se encargará de desarrollar y corregir esta evaluación, aunque el ministerio no desvela el contenido del escrito. El decreto nacional fija que deben ser docentes externos al centro los que se encarguen de esa labor pero la consejería ha decidido que sean los docentes de cada centro quienes se ocupen del procedimiento para, entre otras cosas, ahorrarse más de 100.000 euros que costaría movilizar a alrededor de 600 maestros. Desde la región se amparan en que el Ministerio permite que la evaluación sea también interna en Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas en las que las competencias educativas no están transferidas y por lo tanto es el ministerio el que ha diseñado la forma de hacer las pruebas en ambas.
Esa es la principal diferencia que existe entre la reválida decretada por el ministerio y la desarrollada, en base al decreto nacional, por Extremadura, además de ser incluida en la región como una prueba más dentro de la evaluación continua. Por lo demás, la prueba cumple las exigencias básicas: se realizarán exámenes de las tres competencias básica obligatorias --lingüística, matemática y ciencia-tecnología-- (elaborados por cada colegio o en su defecto utilizando los modelos que la consejería ha remitido a los centros); no tendrá efectos académicos y con sus resultados se emitirá un informe individual que se entregará a los padres y que no se utilizará para efectuar ningún tipo de clasificación de centros. Con estas premisas la Administración educativa regional daba por sentado que cumplía la ley.
El pasado 13 de mayo, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, el ministro Iñigo Méndez de Vigo ya advirtió de que la Alta Inspección del Estado estaría vigilante al desarrollo de esta prueba en cada autonomía. "Las leyes no son el menú a la carta de un restaurante, ni hay atajos para cumplirlas". Se refería el ministro a la posición fijada días antes por las ocho comunidades gobernadas por el PSOE, incluída Extremadura, que habían consensuado un modelo alternativo de reválida sin evaluadores externos y con dos opciones: examen o informe individual basado en la evaluación continua. En este caso, la comunidad extremeña se decantó por realizar los exámenes fijados por el decreto nacional y mantener la prueba sin evaluadores externos. Sin embargo, otras comunidades optaron por el informe individual e incluso varias ni siquiera se plantean hacer la reválida.
Por ello Extremadura no será la única en recibir un aviso del Estado. El ministerio confirma que ha trasladado un requerimiento similar al de la región a otras seis comunidades tras analizar de oficio las distintas normativas regionales: Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares. Hay un segundo grupo de comunidades al que el ministerio les ha pedido información porque no le consta si van a hacer la evaluación ni cómo: Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha. Además, hay cinco autonomías a las que se les ha enviado una carta pidiendo aclarar algún punto de sus normas a pesar de haber regulado y efectuado correctamente la prueba en el mes de mayo: Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, y a otras dos regiones (Canarias y Navarra) se ha solicitado colaboración para explicar "desajustes menores".
