El Gobierno central garantizó ayer que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se adaptará a la "realidad agrícola y ganadera" de su territorio, según el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda.

En una intervención en Badajoz, aseguró que la reforma de la PAC, acordada en la Unión Europea, tendrá "muy en cuenta" en su aplicación cuál es la composición y diversidad de los cultivos de Extremadura, lo que se verá reflejado en la regionalización que debe hacer el Gobierno de España. Tras reunirse con las organizaciones agrarias, Miranda explicó que, por ejemplo, se diferenciará el secano del regadío o se dará un tratamiento específico a los cultivos industriales.

Todo ello "aparte de la parte presupuestaria, o de que Extremadura será la comunidad con mayor tasa de cofinanciación en desarrollo rural o con mayor dotación de fondos de cohesión", según el presidente del FEGA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. A su juicio, en ayudas directas o en desarrollo rural, España "sale ganando" con la reforma, pese a que el presupuesto comunitario haya bajado 90.000 millones de euros. Por ello, valoró el esfuerzo de la negociación realizada por el Estado.

España ha logrado "corregir" los efectos de la propuesta inicial de la Unión Europea, "muy negativa" inicialmente para los intereses españoles, para que ofrezca "muy buenas" posibilidades. En su opinión, abre unas oportunidades óptimas para realizar una aplicación que permita hasta el año 2020 mejorar "sensiblemente" las condiciones de la agricultura y ganadería españolas, para que generen empleo y riqueza.

OBJETIVOS En cuanto a la reunión con las organizaciones agrarias, Miranda precisó que todas "reconocen" el trabajo realizado por España, pese a que cada parte "deba dar a veces el mensaje que le toca"; y por ello les pidió que sean "más objetivos". Insistió en que ningún sector tiene, como el agrario, un marco de estabilidad a siete años, "y esa situación se reconoce cuando se habla en cercanía".

En la misma línea se expresó ayer el director de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto, que pidió a las organizaciones profesionales y representantes del sector agrario "responsabilidad" en sus propuestas para las negociaciones con el Ministerio y la comunidad. "Es importante tener una visión de futuro y negociar pensando más en el 2020 que en el 2014, ya que un buen diseño del programa actual facilitará al campo extremeño la adaptación para cuando ya no lleguen las ayudas".

Gil Soto no está "plenamente de acuerdo" con la reforma, aunque sí "muy satisfecho por los logros del Ministerio", aunque aún "queda todo por hacer en la regionalización que es donde está la clave para saber cómo queda cada sector", añadió.

En este sentido, coincidió plenamente ayer con los tres partidos extremeño. PP, PSOE e IU señaló ayer al unísono que la "batalla" de la reforma de la PAC habrá que librarla ahora en Madrid para conseguir los mejores resultados para Extremadura. Para ello, el secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y el diputado popular Luis Francisco Sánchez abogaron por llevar una posición común, de asociaciones agrarias y partidos, a la Sectorial de Agricultura del 24 y 25 julio.

A juicio del líder del PSOE, no hay nada que pueda beneficiar más a los que tienen que tomar las decisiones que ver a una región "dividida", con su gobierno por un lado y la oposición por otro. Fernández Vara, que muestra su "mano tendida" al Gobierno de Extremadura, consideró que el acuerdo alcanzado en Bruselas, que debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, es mejor que lo planteado hace tres meses, pero peor que la PAC anterior.

Por su parte, el coordinador de IU, Pedro Escobar, valoró el acuerdo alcanzado, pero subrayó que queda ver cómo se reparte en cada país el "pastel". Aseguró que los resultados en el primer tiempo son "moderadamente satisfactorios", ya que mantienen cantidades y perceptores, pero "ahora va a venir la pelea a nivel interno". Abogó por que no se produzca un reparto directo por hectárea ni por producción, al tiempo que apostó por un mecanismo modulado y ponderado que contemple la variable social y el tipo y cantidad de empleo generado. El diputado popular se mostró "relativamente satisfecho" y consideró que las rentas de los agricultores no se van a ver "minorizadas".