Tras el revuelo generado en la región, el Ministerio de Hacienda aclaró ayer que la retención de fondos que se aplicará a Extremadura no es una sanción, sino una medida para pagar las facturas en tiempo y forma. "El pago a los proveedores es fundamental para la economía de la comunidad porque si no cobran, las empresas pueden verse forzadas a despedir e incluso echar el cierre", indicaron a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.
El ministerio aplicará a la región el artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que si el periodo medio de pago a los proveedores supera en más de 30 días el máximo legal --se sitúa en los 89,17 días, el más alto de todo el país--, se podrán retener los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente las facturas, que se irían abonando por antigüedad. Junto a Extremadura, también se aplicarán retenciones a Aragón y se estudia hacerlo en Baleares. Ambas comunidades, según Hacienda, ya fueron advertidas hace dos meses y han seguido incumpliendo. El límite máximo de retención que permite la ley es del 25%, si bien la cantidad aún está en fase de estudio.
