Hay quien sostiene, y no sin razón, que donde verdaderamente quieren los partidos dejar su impronta de paso por el Gobierno es en el sistema educativo, y así, es raro que el cambio de signo político en el Ejecutivo no traiga, tarde o temprano, un cambio en la educación.

En términos legislativos, la democracia heredó la Legefire (Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa), promulgada en 1970, y que acabó con el Bachiller, la reválida y el Preu, para estirar la enseñanza básica con ocho cursos de EGB, e inventó el BUP y el COU.

Ya en 1985, el Gobierno socialista aprobó la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) que varió muchos aspectos, pero no la estructura del recorrido educativo. Cinco años después, el mismo Gobierno sacaba a la luz la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo), que sí supuso una verdadera revolución: cambiaron los ciclos, que ahora serían Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachiller.

Además, introdujo la promoción automática, de manera que no se repetiría curso por suspender varias asignaturas, sino que, cada dos cursos de ESO se evaluarían los conocimientos generales de los alumnos y así pasarían o no al siguiente ciclo. También se eliminó el sistema de valoración numérica de las evaluaciones, que antes estaba entre cero y diez, con aprobado en el cinco.

La más reciente, la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), aprobada por el Gobierno popular, suprime la promoción automática, y un alumno no pasará el curso si suspende más de dos. Además, recupera el sistema de notas del cero al diez, y restablece las pruebas extraordinarias (lo que antes eran los exámenes de septiembre). Sin embargo, deja a las comunidades la posibilidad de fijar fecha para estos exámenes, y ahí surge la polémica: unos se decantan por septiembre y otros por junio.