Alrededor de 39.000 familias extremeñas son beneficiarias del nuevo bono social eléctrico, que entró en vigor hace algo más de un año. Esta cifra representa poco más de la mitad de los más de 76.000 hogares que llegaron a contar con el anterior modelo de descuento. El resto de usuarios, si cumplen con las condiciones necesarias, tienen de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para tramitar la solicitud de renovación. De lo contrario, perderán la rebaja del 25% en su recibo de la luz a la que, de momento, siguen teniendo derecho.
El pasado mes de octubre, el Gobierno prorrogó hasta finales de este año el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al antiguo —la primera fecha prevista era abril, pero ya se había prorrogado anteriormente—, una medida que el ejecutivo incluyó dentro del real decreto-ley de medidas urgentes contra la pobreza energética
Una de las vías para acceder al anterior sistema de bonificación era la de tener una potencia contratada no superior a los 3 kilovatios. Quienes cumplían esta condición sumaban el mayor volumen de beneficiarios (tres de cada cuatro en la región, aproximadamente) y para ellos la rebaja en la factura se les aplicaba de forma automática. Con el cambio, «muchas personas que viven solas, o incluso hogares de dos y tres miembros, y que pueden tener cubiertas con esa potencia todas las necesidades de la vivienda, van a perder ahora el bono», pronostica Rosa González, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex). Los hogares unipersonales (de pensionistas o divorciados, por ejemplo) han aumentado «muchísimo» en los últimos años, igual que los monoparentales, incide González. «Esas personas, a no ser que tengan una renta muy baja, no van a poder acceder a él», añade.
El papeleo, precisa, es otro factor que ha jugado en contra de las renovaciones. «Como te piden tanta documentación es verdad que la gente muchas veces se echa para atrás», esgrime.
Para obtener el bono social eléctrico, aparte de tener que ser cliente de la tarifa regulada (PVPC) hay que cumplir determinados criterios de renta de la unidad familiar, que permitirán ser considerado consumidor vulnerable, lo que da derecho a un 25% de descuento en la factura; vulnerable severo (con 40% de rebaja); o en riesgo de exclusión social (con la factura gratuita). El bono tiene otras ventajas adicionales como una mayor protección en caso de impago.
Así las cosas, desde Iberdrola se han gestionado 25.130 solicitudes del nuevo bono en la región (14.731 en la provincia de Cáceres y 10.399 en la de Badajoz). En el primer caso se han tramitado positivamente 13.537 y se han rechazado 1.194 por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, mientras que en el de la provincia de Badajoz las cifras han sido de 9.581 y 818, respectivamente. Esto hace un total de 23.118 beneficiarios, mientras que a fines del 2016 esta eléctrica contaba con más de 47.000 usuarios del bono.
En cuanto a Endesa, se han acogido al nuevo bono social 15.627 familias (antes del cambio eran unas 29.500), más de 8.100 pertenecientes a la categoría de vulnerables y el resto a la de vulnerables severos. Las solicitudes tramitadas por esta compañía rondan las 30.000.
Julio Moratalla, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, subraya que «Este bono social se ajusta mejor a las necesidades reales de los usuarios al tener en cuenta criterios de renta, por lo que se acerca más a las personas que realmente lo necesitan».
Junto con la reforma del bono social eléctrico, el Gobierno dio el visto bueno a otra importante novedad: el bono social térmico, una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción o agua caliente durante el invierno, con independencia del combustible que utilicen. Solo podrán recibirla aquellos usuarios que se beneficien también del bono eléctrico.
