Los jueces se pronuncian sobre la situación tras la huelga, y también sobre otro asunto que ha coincidido en el tiempo, la polémica abierta tras el cruel asesinato de Mari Luz, y los errores judiciales detectados a raíz de la muerte de la pequeña.

Tras hacer constar que este caso ocurrido en un Juzgado de Sevilla podría haber ocurrido en cualquier otro, los jueces extremeños estiman que para que lo sucedido con el presunto autor de la muerte de esta niña no vuelva ocurrir se requiere una modernización del sistema y más y mejores medios.

"No solo se requiere la modernización de un obsoleto sistema, sino también equipar a los juzgados con programas informáticos de ámbito nacional", ve necesario, entre otras cuestiones, la Junta de Jueces de Badajoz, con la que coincide el decano de los jueces cacereños, Federico Alba, que requiere como imprescindible "un modelo nuevo y más medios, más inversiones".

En el caso de la pequeña cruelmente asesinada en Huelva aparece una realidad judicial, la demora en el ejecución de condenas. Sobre la ejecutoria habla para este diario Emilio Serrano, titular del Juzgado de lo Penal 2 de Badajoz, quien reconoce que condenas sin ejecutar suele haber siempre, por estar a la espera de que el condenado cumpla otras sentencias previas, al no poderse cumplir dos penas al mismo tiempo; por encontrarse el condenado en paradero desconocido y estarse pendiente de su localización..., "lo que no es una irregularidad".

En su juzgado, señala, se incoan al año más de 500 sentencias ejecutorias (sentencias firmes), de las que cerca de 400 se encuentran vivas, se ejecutan simultáneamente, "y eso es difícil de controlar", reconoce.

Serrano estima que lo que le ha ocurrido al juez Rafael Tirado, en el caso de Mari Luz, "nos puede pasar a cualquiera, por desgracia es así", y por ello cree necesario acometer una serie de reformas, incrementar los recursos materiales y establecer mecanismos de control de los condenados, al menos de los de este tipo de delitos. Y se muestra también a favor de "ser más rigurosos" a la hora de establecer los requisitos para la concesión de permisos de salida de los centros penitenciarios si no hay rehabilitación del condenado.