Las investigaciones policiales han permitido conocer el funcionamiento de estas organizaciones que, de forma general, suelen responden a un mismo ´modus operandi´. Las mujeres, jóvenes procedentes normalmente de las provincias más deprimidas del país de origen, sujetas a una situación sociolaboral precaria y con grandes necesidades económicas para el sustento familiar, son captadas por compatriotas suyos, quienes se ofrecen a conseguirles los documentos y a efectuar las gestiones necesarias para su traslado a España.
Una vez en España, las mujeres son recibidas por miembros de la red y trasladadas a distintos edificios y locales de alterne, donde han de prostituirse para pagar la deuda contraída con la organización.
Es práctica común, según la Subdelegación del Gobierno, cambiar esas condiciones económicas cuando las mujeres ya se encuentran en el país de destino, imponiéndoles una deuda que suele oscilar entre los 2.000 y 4.000 euros. Se trata de una deuda que por diferentes motivos no cesa de aumentar.
