Hasta el último momento y contra todo pronóstico. Monago logró ayer sacar adelante su nueva ley tributaria gracias a la abstención del grupo regionalista del Prex-Crex. Los 32 votos populares eran insuficientes para su aprobación, sobre todo después de que en la comisión de Hacienda celebrada esta semana la oposición en bloque (33 diputados) hubiera rechazado el dictamen del nuevo marco normativo, pero finalmente los 2 diputados regionalistas, Damián Beneyto y Fernanda Avila, cambiaron de parecer ayer durante el desarrollo del pleno y se abstuvieron, lo que favoreció la aprobación de la ley con 32 votos a favor, 31 en contra (28 del PSOE y 3 de Izquierda Unida) y 2 abstenciones. Ello supone en la práctica una rebaja del IRPF del 15% para las rentas medias que ganan menos de 24.000 euros, además de otras reducciones en rentas menores, aplicable al presente ejercicio 2015, así como la casi eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones desde su entrada en vigor (que será en unos días tras su publicación en el DOE), y la reducción del 50% del impuesto de hidrocarburos y del canon del agua a partir del 1 de abril.

Las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno y el Partido Popular con los regionalistas en las últimas 48 horas prácticamente habían fraguado un preacuerdo antes del inicio del pleno, pero fue la aceptación de la enmienda del Prex-Crex, a través de una transaccional del PP, sobre las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones, lo que abrió el camino del acuerdo, que se materializó finalmente con el compromiso adquirido por el propio presidente José Antonio Monago de eliminar el 100% del canon del agua este mismo año si la recaudación de impuestos en general sigue la senda alcista iniciada en el 2014.

El debate se desarrolló con la intervención de los portavoces de economía de todos los grupos políticos, pero antes de la votación de la ley el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, dio lectura a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara según el cual era preceptivo someter a la deliberación del pleno la nueva ley aún a pesar del rechazo del dictamen en la comisión de Hacienda, una cuestión sobre la que había habido amplias diferencias con el PSOE.

Sin embargo, momentos antes de iniciar la votación, el jefe del Ejecutivo, José Antonio Monago, pidió turno de palabra para explicar que tumbar la reforma fiscal de 2015 significaba volver a la fiscalidad aplicada por el anterior gobierno en 2010 dado que se eliminaban las exenciones aprobadas en 2013. De esta manera, en lugar de aplicar una rebaja de impuestos a los extremeños de 73,4 millones de euros, automáticamente se aprobaba una subida que rondaba los 14 millones, con especial incidencia en las rentas medias y bajas.

Para Monago, el rechazo a la reforma fiscal hubiera supuesto volver a una fiscalidad "totalmente injusta", pues por contra se habrían subido los impuestos a las clases más desfavorecidas. "Eso es comportarse como casta", dijo el presidente extremeño dirigiéndose a la bancada socialista. "Bajar los impuestos es hacer más Extremadura y subirlos es mirar para Andalucía", remarcó Monago, quien ahondó en que la rebaja fiscal va a conseguir reactivar la economía y favorecer la creación de empleo. En su opinión, el rechazo de la rebaja de impuestos iba a ser muy difícil de explicar por parte de sus opositores, a quienes acusó de querer meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes.

Damián Beneyto dijo después que los regionalistas han "antepuesto" el interés general de los ciudadanos de la comunidad a los intereses "particulares" del su partido. Beneyto entiende que la presión fiscal en la comunidad extremeña es "alta" y destacó que el impuesto de sucesiones y donaciones haya "pasado a mejor vida en Extremadura" gracias al Prex-Crex.

A partir de ahora Sucesiones y Donaciones tendrá deducciones de padres a hijos de un 90%, 95% y 99% de la cuota tributaria en función de que la base imponible no supere los 175.000, 325.000 y 600.000 euros respectivamente. Si el descendiente tiene menos de 21 años la rebaja será siempre del 99%. Ello supone dejar de recibir en las arcas de la Junta de Extremadura del orden de los 23 millones de euros al año según la estimación del consejero de Hacienda, Clemente Checa, si bien ya estaba contemplada en los Presupuestos de 2015 una reducción de 19 millones dado que se permitía destinar el impuesto de sucesiones al fomento de PYMES. Los 4 millones de euros de diferencia, dijo ayer Checa, se pretenden obtener con la mejora de la recaudación en general que se espera con la activación del consumo y del mercado de trabajo.

Desde el PSOE no se comparte la ley. El diputado Jorge Amado tildó la reforma de "electoralista, mentirosa y falsa" y Guillermo Fernández Vara señaló que en toda la tramitación legal ha faltado diálogo, por lo que pidió su retirada y una mayor negociación desde cero, dado que "toda la estrategia del PP ha consistido en subir los impuestos al inicio de la legislatura para bajarlos al final".

Desde Izquierda Unida Pedro Escobar acusó al Ejecutivo de no haber tramitado adecuadamente la ley, dado que no ha habido margen para la negociación y apuntó que los extremeños pueden querer más dinero en los bolsillos pero siempre que no vaya en menoscabo de la calidad de los servicios.