La morosidad de los arrendamientos urbanos (sobre todo viviendas, pero también locales u oficinas) creció un 2,61% el año pasado en la región, mientras que la deuda media de los alquileres se situó en 3.307,29 euros, según un estudio dado a conocer recientemente por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). De esta forma, si se toma un alquiler tipo de 450 euros, que un arrendatario adeude esa cifra supone más de siete meses de impagos. La evolución al alza fue más pronunciada en el caso de la provincia de Badajoz, con un incremento del 3,2% y 3.466,61 euros de media, que en la de Cáceres, con un 1,07% y 3.113,48 euros, respectivamente. Desde el 2007 el índice de morosidad en la región —calculado a partir del número de inscripciones en cada año tomando como base el 2005— se ha duplicado con creces, pasando de 127,56 al 308,73.

Los impagos en Extremadura, no obstante, se mueven muy por debajo de los que se contabilizan en otras partes de España. Sobre todo en lo relativo a la cantidad adeudada, donde ocupa el último lugar entre todas las comunidades autónomas. En esta variable, el promedio del país es de 6.031,79 euros, con algunas regiones donde las cantidades se disparan, como es el caso de la de Madrid (9.617,92 euros), Baleares (8.234,96), País Vasco (6.950,51) o Cataluña (6.599,83).

En todo el país, el crecimiento medio de la morosidad en el 2017 fue también más elevado que en Extremadura, con un 3,96%. Desde 2007, el índice se ha triplicado.

Desde FIM se apuntan varios factores que favorecen el auge de la morosidad en los arrendamientos. En primer lugar, el más obvio, el del tamaño del parque de viviendas en alquiler que haya en cada región y que, en lo que respecta a Extremadura, es más reducido que en el conjunto del país. Antes del 2008, «en general, había pocas viviendas alquiladas porque había más interés en comprar. Sin embargo, a partir de la crisis, crecieron mucho en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Y con más viviendas alquiladas, más incidencias de morosidad», apunta Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de FIM. En Extremadura, en cambio, este crecimiento del alquiler, añade, ha sido más moderado que en otras comunidades autónomas y, por tanto, también se han contenido los impagos.

Una tendencia que recogen las estadísticas del INE: entre el 2013 y el 2017, el número de viviendas alquiladas en España ha aumentado casi en 400.000, hasta sobrepasar los 3,3 millones, lo que se traduce en un alza del 13,3%. En Extremadura el auge ha sido de menos de la mitad, del 5,6%, de 44.400 a 46.900. Incluso, el año pasado se contabilizó un descenso respecto al 2016, cuando fueron 49.400.

SITUACIÓN ECONÓMICA / El otro elemento en el que incide Cardona es en la situación económica y laboral de cada región, y sobre todo en cómo esta afecta «al perfil del inquilino más habitual, una persona o una pareja de unos 30 años». A mayor temporalidad en la contratación, por ejemplo, mayor probabilidad de caer en impago.

En este sentido, Cardona precisa que, aunque los alquileres sean más bajos en Extremadura que en otras partes del país, no lo es el esfuerzo que cada arrendatario tiene que hacer para afrontar las mensualidades, que cifra en torno a un «35% o 40%» de sus ingresos.

El estudio elaborado por FIM se realiza a partir de los datos que le facilitan, bien directamente los propietarios particulares que sufren el impago, bien alguno de los más de 14.000 agentes homologados con los que cuenta esta firma (entre ellos inmobiliarias o agentes de la propiedad).

Este registro permite a sus usuarios consultar información sobre los inquilinos inscritos, entre ella si cuentan con antecedentes o no de impago. «Si te encuentras con una persona que los tiene, es algo que posiblemente se repita», arguye. También se facilita información sobre el riesgo que plantea cada arrendatario por su situación económica y «una aproximación de cómo puede comportarse en un futuro». Es, en definitiva, «una ayuda a la hora de decidir», aclara Cardona. Eso sí, previamente hay que incluir una cláusula en el contrato de arrendamiento por la que el inquilino acepta que, si en algún momento deja de pagar, se le pueda incluir en el fichero.