La Región de Murcia y 17 ayuntamientos de diversas regiones, entre ellos los extremeños de Ladrillar y Miajadas, son consideradas "administraciones entorpecedoras" por el Defensor del Pueblo en su informe del 2003 al haber dificultado u obstaculizado su labor y no haber cumplido con su obligación de colaborar con la Institución.

El informe, remitido ayer al Parlamento, destaca que a la Consejería de Obras Públicas de Murcia se le solicitó un informe en febrero del 2002 relativo a dragados en el club náutico La Isleta y que no se obtuvo respuesta a pesar de que se formularon tres requerimientos.

Por diversas asuntos, se consideran Ayuntamientos entorpecedores a los de Barcelona; Becerril de la Sierra, Las Rozas, Navalafuente, Pozuelo de Alarcón y Soto del Real (Madrid); Cartagena y San Javier (Murcia); Hoyacasero (Avila); Jalón (Alicante); Ladrillar y Miajadas (Cáceres); Lardero (La Rioja); Real de Montroi (Valencia); Sahagún (León); Santa Cruz de Tenerife; y Yeles (Toledo). También se califica de entorpecedora a la Comunidad de Regantes Los Cerrajones de Alora (Alicante).

En total, los extremeños presentaron ante el Defensor del Pueblo 314 quejas, lo que supone el 1,81% de las casi 17.400 demandas que se recibieron de todo el país. En el conjunto de España, las quejas cayeron un 18% respecto al 2002, sobre todo por el fuerte descenso de las quejas colectivas, ya que las individuales y las investigaciones de oficio crecieron en el periodo de referencia. Tampoco se tuvieron en cuenta las protestas por la guerra de Irak.