Dos mujeres, madre e hija, han sido denunciadas ante la Fiscalía tras insultar, amenazar y agredir a una doctora, una comadrona y varias auxiliares en el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena. Los hechos ocurrieron, según informa la Delegación del Gobierno en una nota, sobre las 9.45 horas de la mañana del pasado miércoles, cuando madre e hija acudieron al servicio de Urgencias del hospital por una dolencia abdominal de la hija.

La paciente solicitó ser examinada por la doctora de servicio sin la presencia de su madre, que la esperó fuera de la consulta. Tras el pertinente examen, la médico señaló a la joven que su dolencia se debía a la menstruación que le bajaría en breve. Tras escuchar el diagnóstico, la paciente, que creía estar embarazada, comenzó a insultar a la doctora y a acusarla de haberle provocado la muerte del niño, que según ella esperaba. Inmediatamente, salió de la consulta y llamó a su madre que se unió a los insultos, amenazas y agresiones hacia la médico, una comadrona y auxiliares que estaban en la zona.

Ante la persistencia de ambas mujeres, el personal agredido solicitó la presencia de miembros de seguridad, que desalojaron a la madre e hija del hospital, no sin recibir golpes. Según apunta la delegación, ante la magnitud de los acontecimientos la doctora necesitó asistencia médica, tal y como consta en el parte facultativo de lesiones. Tras los hechos, el hospital tramitó un atestado policial al Juzgado de Instrucción número 2 de Don Benito y dio cuenta la Ministerio Fiscal.

AUTORIDAD PUBLICA Esta nueva agresión se produce en un momento de máxima polémica en el colectivo docente --que ostenta el mismo rango desde el punto de vista penal que el personal sanitario, de funcionario público--. Este colectivo demanda el trato de autoridad pública ante casos de violencia.

Una consideración, que según la Fiscalía Superior de Extremadura, ya tienen los profesores y por tanto el personal sanitario, y por lo que las agresiones graves a estos profesionales, considerados funcionarios públicos --es requisito imprescindible hasta el momento que trabajen en el servicio público--, ya se tipifican como delitos, con una pena máxima de cárcel de hasta cinco años, y no como faltas. Esto es así, desde el año pasado, después de que el fiscal jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, informará en un circular a los colectivos afectados. En Extremadura hay sentencias que confirman esta situación: en Plasencia, tras la agresión a una enfermera, y en Villanueva, a dos docentes.

Así, tras los últimos acontecimientos ocurridos en el hospital de Don Benito, los hechos de las presuntas agresoras podrán ser juzgados como delito de atentado a una funcionaria pública, y no como una falta, a la espera de lo que estime el juez.