El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha multado con 450.000 euros (unos 75 millones de pesetas) a la firma extremeña Distribución y Comercialización de Gas Extremadura (Dicogexsa) por imposición de condiciones abusivas a los clientes a los que suministra gas natural y por ocultar información "de importancia fundamental" a las empresas instaladoras que no eran sus colaboradoras. La resolución, conocida ayer, determina que ambas prácticas constituyen "un abuso de posición de dominio" y son contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia.
El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), adscrito al Ministerio de Economía, inició las investigaciones a raíz de una denuncia presentada por las empresas Climatizaciones Pizarro y Semgex contra Gas Extremadura a principios del 2001. La denuncia se presentó por una campaña informativa de Gas Extremadura en la que ofrecía "realizar el mantenimiento de las instalaciones comunes, trabajo que realizará como distribuidora o a través de empresas instaladoras a un precio de 4.176 pesetas al año durante 20 años".
LISTADO DE INSTALADORES La resolución recuerda que Gas Extremadura "no se encuentra inscrita en el registro de empresas instaladoras de gas" y sólo está habilitada para distribuirlo hasta los domicilios o las empresas. El SDC considera que es una "condición abusiva" que Gas Extremadura se reservara la opción de cortar el suministro al cliente si éste no le pagaba la factura de la instalación y mantenimiento que realizara la empresa colaboradora de Gas Extremadura. En la práctica, esto suponía impedir trabajar a cualquier empresa no subcontratada por la denunciada y limitar la libertad de elección del cliente.
"Partiendo de su condición, cualidad y titularidad exclusiva de una concesión administrativa para el suministro de gas natural en Extremadura, (Gas Extremadura) ha venido imponiendo condiciones abusivas en el mercado conexo de ejecución de instalaciones, tanto individuales como colectivas, así como funciones de control y mantenimiento de las mismas", dice el TDC.
El dictamen añade que Gas Extremadura comparte con sus empresas instaladoras asociadas "un conjunto de informaciones de importancia sustantiva y necesaria" para el negocio, "ocultando datos al resto de unidades instaladoras independientes". La resolución sostiene que la práctica de Gas Extremadura supone un "abuso contra sus propios consumidores, a la par que contra sus competidores en el campo de las instalaciones".
La entrada de Gas Extremadura en el mercado de la instalación ha supuesto un "claro perjuicio" para éste, ya que está "altamente atomizado, no muy especializado y altamente manipulable desde la perspectiva de un imperio empresarial", recuerda la resolución. Los contratos que firmaban los clientes permitían a Gas Extremadura entrar en la vivienda para leer el contador y reservaba para la empresa la propiedad de los equipos.
Por su parte, la empresa dio su versión ayer a través de un comunicado, mediante el que anunciaba la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional, a la que solicitará la "suspensión íntegra" de la resolución. La empresa asegura que sus prácticas son "semejantes" a las de otras de otras regiones.
Asegura que Climatizaciones Pizarro y Semgex trabajaron para Gas Extremadura durante un tiempo y "nada dijeron sobre este asunto". "En el momento que por motivos relacionados con la calidad de las obras dejaron de realizar trabajos para esta distribuidora decidieron emprender un camino para perjudicarnos", señala Gas Extremadura.
El comunicado añade que ni Climatizaciones Pizarro ni Semgex siguen operativas y que acumulan "numerosas órdenes de embargo". Gas Extremadura asegura que la "colaboración" de las instaladoras autorizadas ha sido determinante para el sector.
