Los diputados de la Asamblea de Extremadura aprueban el proyecto de ley de creación del Instituto de Estadística de Extremadura, que se encargará de la la actividad estadística de interés para la región y que tendrá su sede en Mérida.
Según la agencia Efe, el texto sale adelante tras aceptarse una enmienda de adición del PP -y otra transaccional de los socialistas- referida a la figura del director "con el fin de establecer unos requisitos mínimos de capacidad y competencia", según el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón.
Con este proceder, "el PP arrima una vez más el hombro en la creación de un instrumento" que, a su juicio, debe contar con el respaldo unánime de la Cámara porque redundará en un desarrollo de la región.
El pleno da el visto bueno el proyecto de ley de creación del Plan de Estadística de Extremadura, concebido como instrumento de ordenación, planificación y sistematización de la actividad estadística pública de interés para Extremadura.
Este plan tendrá vigencia desde 2009 hasta 2012 y tendrá como objetivo desarrollar y consolidar el sistema estadístico de Extremadura, de manera que proporcione a las instituciones públicas, agentes económicos y sociales y ciudadanos información que contribuya al conocimiento y análisis de la realidad demográfica, social, económica, territorial y ambiental de la región.
Hernández Carrón defiende las 31 enmiendas presentadas por su grupo al texto, la mayoría referidas al anexo, proponiendo 15 operaciones estadísticas más a las ya incluidas, referidas, entre otras materias, a la vivienda, la educación, la cobertura social, la atención a la dependencia y el ámbito laboral.
El PSOE aprueba dos de ellas, negocia otro par -que han sido aceptadas por el PP-, y rechaza el resto porque, según aclara el socialista César Ramos, porque suponen una duplicidad de acciones y costes, como por ejemplo en el caso referido a la vivienda y las prestaciones sociales, cuyo estudios son realizados por el Gobierno central. Destaca que este plan "va de la mano del nacional, no es rígido y contempla la colaboración con otros organismos para evitar duplicidad y costes".
