"No se entiende que haya instituciones que puedan inducir al incumplimiento de las resoluciones judiciales". Con esta apreciación se refería Angel Juanes al apoyo dado por el Ayuntamiento de Miajadas a la plataforma creada en defensa de los dos policías locales condenados por el Tribunal Supremo, que ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres por la que fueron condenados a tres años de prisión y dos de inhabilitación por falsificación.
Juanes señaló que sin perjuicio del derecho que cualquier ciudadano tiene para crear grupos o plataformas, así como para agotar las instancias que estimen pertinentes, bien ante el Tribunal Constitucional o mediante la solicitud del indulto, "hay que dejar claro que es un mandato constitucional el cumplimiento y la ejecución de las sentencias".
Para la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura "el ayuntamiento debe colaborar con la Administración de Justicia y acatar la sentencia".
