Uno de los principales efectos positivos generados por la aplicación de la ley de dependencia ha sido sin duda su impacto sobre la creación de puestos de trabajo, hasta el punto de convertirse en un nicho de empleo en plena crisis económica. Desde que se pusiera en marcha en el año 2006 y pese a los sucesivos retrasos, las prestaciones y servicios vinculados al sistema han generado en Extremadura 6.292 empleos, de ellos 396 solo en el último año.
Son datos de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que destaca el comportamiento extremeño en este ámbito como uno de los mejores del país. El colectivo estima además en 44,2 millones de euros los retornos (Seguridad Social, IRPF, IVA...) que la ley ha posibilitado. Según explica su presidente, José Manuel Ramírez, esto ha sido posible gracias a que en Extremadura se ha dado prioridad a la prestación económica vinculada al servicio en detrimento de la ayuda por cuidados en el entorno familiar. «Los territorios que han optado por favorecer la prestación económica vinculada al servicio están obteniendo mejores ratios de cobertura, de creación y mantenimiento del empleo y de generación de retornos», señala.
Este modelo de gestión consiste en facilitar al usuario una prestación económica que le ayuda a sufragar los costes de un servicio (plazas en residencias, centros de día, etcétera) que él mismo busca por su cuenta. Por ello, alerta Ramírez, aunque presente una buena relación en términos de coste-eficacia, este tipo de prestación «lleva aparejado el peligro de caer el en ‘cheque-servicio’», adjudicando a los usuarios el sobrecoste del servicio contratado (al margen del copago) si no se intervienen los precios.
«Si no se regula, se puede generar un sistema dual que perjudicaría a las rentas bajas y a las personas que requieran cuidados de intensidad», afirma José Manuel Ramírez.
Por ello, desde el colectivo abogan por establecer una serie de limitaciones: que el usuario pueda decidir su centro libremente con prescripción de la Administración (en la práctica supone introducir mecanismos que eviten que las empresas puedan rechazar a los dependientes que previsiblemente vayan a generarles un mayor coste) y que se controlen los precios de los servicios a las personas dependientes dentro de unos márgenes asumibles por las empresas. «De no darse estas condiciones --afirma Ramírez--, la prestación económica no pasa de ser un mero cheque servicio en el que el usuario queda sometido a las condiciones del mercado».
