Extremeño de nacimiento y fines de semana , Nicolás Fernández Guisado es el presidente del segundo sindicato docente más importante del país, ANPE (Asociación Nacional del Profesorado Estatal). Con un amplio currículum, su entrada en la asesoría jurídica de esta organización le llevó a implicarse cada vez más en la actividad sindical hasta convertirse en su máximo responsable hace poco más de un año. Desde esta posición privilegiada --también forma parte del Consejo Escolar del Estado-- hace balance de la situación del sistema educativo en Extremadura y España.

--¿Cómo valora la situación de la educación en la región?

--En Extremadura hemos asistido durante este curso a seis o siete agresiones muy graves y nosotros estamos muy sensibilizados con respecto a los conflictos de convivencia que se viven en los centros. Ya lo veníamos alertando desde hace más de una década, por eso ANPE puso en marcha el servicio del "defensor del profesor", un instrumento para ayudar a los docentes tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico en ese tipo de conflictos.

--Es cierto que a principios de curso --hace ya tiempo que no se dan, por suerte-- se acumularon varios casos de agresiones a profesores en Extremadura, ¿no le parece llamativo?

--La verdad es que es sintomático que se hayan producido tantos casos, algo pasa... El fenómeno de la conflictividad laboral obedece a muchas cuestiones: pérdida de autoridad del docente, falta de respaldo al profesor, sociedad quizá demasiado permisiva... Es decir, hay muchas causas que han propiciado las agresiones (las más preocupantes), pero junto a estos casos más graves existen también otros de menor intensidad (aunque también inquietantes), que estamos detectando a través de las llamadas al Defensor del Profesor, tanto en Extremadura como en otras comunidades.

Se trata de la dificultad que puede llegar a tener el profesor en determinadas áreas, sobre todo en Educación Secundaria, por las actitudes disruptivas, la falta de disciplina, las amenazas veladas, el deterioro de material, la propia conflictividad entre alumnos, etcétera. Los casos más graves son desde luego los que encienden las alarmas y nos llevan a recapacitar sobre qué está pasando en nuestros centros educativos, pero no es lo único que pasa. Sin embargo, creo que el nivel en Extremadura no es más grave que en el resto de España, lo que pasa que quizá al haberse producido seis o siete agresiones en tan corto espacio de tiempo hace que hayamos puesto el foco en estos casos.

--Imagino que estará de acuerdo con que se produzcan las primeras condenas penales por este motivo..

--Sí, pero no nos hace felices contemplar esas medidas penales. Desde luego, reclamamos ese concepto de autoridad desde el punto de vista del Derecho Penal, pero lo que nos gustaría es que estas cuestiones no se vuelvan a producir nunca más. Y, sobre todo, que supongan un aldabonazo en la sociedad y llamen la atención de que a los profesores hay que respetarles y valorarles como merecen. Por ello, pensamos que no es para estar satisfechos, pero sí que naturalmente queremos que la ley actúe con total dureza contra cualquier persona que atente contra cualquier profesor.

--Otra de sus demandas recientes es la contratación de auxiliares para Educación Infantil.

--Sí, es fundamental. Nosotros consideramos que el modelo educativo actual necesita reformas profundas y tienen que ir desde la Infantil hasta la Primaria y la Secundaria. En Infantil, para que los profesionales de la enseñanza puedan desarrollar su función educativa en su plenitud precisan la colaboración de otro tipo de personal.

--¿Y en otros niveles?

--Pues en Primaria para nosotros sería fundamental también introducir cambios en las materias instrumentales básicas, la lengua y las matemáticas, y, sobre todo también, el uso de la lectura. Ya lo ha demostrado lamentablemente el Informe Pisa que la lectura, la comprensión lectora, es básica en el proceso educativo. Por eso queremos que la reforma de la Educación Primaria parta de estos tres ejes --matemáticas, lengua y lectura comprensiva, pero debe llegar hasta la universidad y centrarse, ante todo, en la Enseñanza Secundaria, donde se deben ofrecer alternativas suficientes para paliar el fracaso escolar y asegurar la preparación de aquellos alumnos que van a continuar estudiando.

--Centrándonos en el ámbito regional, ¿tienen detectadas cuáles son las principales carencias del sistema educativo extremeño?

--Creo que son comunes a las del resto de España. Extremadura no ha sido evaluada en este informe, pero los datos que tenemos son similares en tasas de conflictividad y de fracaso escolar (que está en torno al 30%) a las del resto de España. No destacamos ni por arriba ni por abajo, estamos en el medio. Es positivo para ANPE y valoramos el esfuerzo que se ha hecho en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la implantación de Linux en todos los centros de enseñanza, pero reclamamos un giro en nuestro modelo educativo para que se fundamente en los postulados del rigor y el esfuerzo en el aprendizaje, que son valores educativos en sí mismos, y como garantía de que el sistema educativo debe propiciar una auténtica igualdad de oportunidades entre todos.

La enseñanza pública tiene que estar en un mayor nivel de consideración y para ello hay que dotarla de todos los medios y recursos. Precisamente, el deterioro de la enseñanza pública perjudica a las clases más desfavorecidas, que no pueden compensar estas desigualdades, porque quien tiene más medios puede recurrir a profesores de apoyo, actividades extraescolares, etcétera. Y nosotros lo que queremos es que la enseñanza pública tenga la competitividad que permita que todo el mundo pueda a través de ella promocionar a los mejores niveles de progreso.

--¿Y eso cómo se concreta?

--En primer lugar, pedimos que se dote de más recursos a la enseñanza pública, para lo cual creemos necesario un Pacto de Estado por la Educación, que proporcione estabilidad, y solicitamos que se incremente el presupuesto destinado a las TIC, que nos acerque a los primeros países desarrollados en inversión educativa.

Respecto al profesorado, demandamos un Estatuto Docente que regule su marco jurídico, le ofrezca incentivos profesionales y económicos y diseñe una carrera profesional que haga atractiva y motivadora la función docente. Asimismo, abogamos por una disminución de la proporción de alumnos por clase y que aumenten los programas de refuerzo (como el que se ha implantado en Extremadura desde el curso pasado y que consideramos muy positivo). Finalmente, pedimos actuaciones claras y concretas a favor del respeto y la convivencia en las aulas, no solo el reconocimiento a la autoridad del docente, sino también introducir medidas en las normas de convivencia de los alumnos.