Son tres familias extremeñas en lucha para que sus hijos, de entre 6 y 8 años y con discapacidades relacionadas con el espectro autista, puedan ir a un colegio ordinario, recibir atención especializada y relacionarse, socializarse y desarrollarse junto con los demás niños. Son tres familias de Cáceres y Malpartida de Cáceres que rechazan que sus hijos sean obligados a asistir a un colegio de educación especial, el PROA de la capital cacereña, "por imposición de la Junta".

Sabina Plata es la madre de Lucía, una niña de 8 años con síndrome de Rett, una enfermedad neurológica que origina retrasos en el desarrollo intelectual y físico. Hasta los 7 años, cuando terminó Educación Infantil, Lucía estuvo escolarizada en el colegio Castra Caecilia, en un aula con profesionales dedicados a la atención de niños con necesidades especiales. Allí compartía actividades (recreo, música) con el resto de alumnos. "Pero para pasar a Primaria la Consejería de Educación dictaminó que teníamos que matricularla en PROA. Nos negamos y sin nuestro consentimiento trasladaron el expediente a ese centro", explica Sabina. Por eso Lucía no asiste al colegio este curso. Tampoco el pasado. Se queda en casa cuidada por su madre, su padre o su hermana mayor. "No quiero que vaya a Proa porque percibe lo que hay en su entorno y quiero que se socialice, no aislarla".

Algo similar les ha ocurrido este curso a María Auxiliadora García y Gabriel Villanueva, los padres de Martín, que tiene 6 años y sufre una discapacidad severa a raíz de una enfermedad rara derivada del síndrome de Rett. También iba al Castra Caecilia. "Queremos un entorno de integración y no de exclusión. El Castra Caecilia cumplía con esa función y estimuló su desarrollo", apunta su madre. Tanto ella como Sabina dicen haber recibido una carta de Educación advirtiéndoles de que incurren en un caso de absentismo escolar que será trasladado a Protección de Menores.

Vía jurídica

Ana Belén Salas, la madre de Elena --de seis años y que sufre autismo--, ha puesto su caso en manos de un abogado. Hasta el curso pasado su hija acudía dos días por semana a un colegio público y los tres restantes a un aula estable en otro centro. Elena tenía que empezar este año Primaria y el decretó de Educación fijó que fuese en PROA. "Me niego porque tiene derecho a la integración", recalca Ana Belén.

El caso llegó ayer a la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura. Allí el director general de Calidad y Equidad Educativa, Antonio Tejero, defendió que a estos niños se les asignó PROA porque el dictamen "propone su escolarización en un centro de educación especial por considerar que es el entorno de enseñanza y aprendizaje más adecuado para este alumnado con graves dificultades". Asimismo, esgrimió que el "derecho a la escolarización de estos niños no puede ser coartado por los padres" y que el derecho de elección de centros no es ilimitado. Frente a esto, el diputado del PP César Díez Solís acusó de "irresponsabilidad a la Junta por "impedir" a estos alumnos asistir al mismo colegio ordinario que sus compañeros.

Las familias acusaron a Educación de querer quitarles el derecho a la elección de centros, derecho que sí han tenido con sus otros hijos. "Tienen que crear aquí aulas sustitutorias", proponen, con el apoyo del PP. "En Badajoz hay 7 aulas concertadas, tres estables, cinco centros de día y dos de noche para atender a estos niños y en Cáceres solo hay dos aulas, para educación Infantil", protesta Ana Belén. "¿No hay presupuesto para nuestros hijos pero sí para coches oficiales, despachos enmoquetados, viajes y dietas?", se preguntaba ayer la madre de Martín.